Por Redacción
Ciudad de Mexico, 17 de marzo de 2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este lunes a Ecuador de haber bombardeado territorio colombiano, dejando al menos 27 cuerpos calcinados y bombas sin explotar en suelo de su país. En respuesta inmediata, el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, negó categóricamente que sus fuerzas armadas operen fuera de sus fronteras, afirmando que sus acciones militares se dirigen contra escondites de grupos criminales dentro de Ecuador, insinuando que muchos de sus integrantes son colombianos. La grave acusación, intercambiada a través de declaraciones oficiales y redes sociales, eleva la tensión en una frontera de 600 kilómetros ya afectada por una guerra comercial bilateral y la presencia de grupos armados ilegales.
Petro, en sus declaraciones, sostuvo que los bombardeos no pudieron ser perpetrados por grupos armados colombianos, al carecer estos de aviación, ni por su propio gobierno, ya que no dio ninguna orden de ataque. “Nos encontramos con bombas en el suelo de Colombia, bombas que no son nuestras”, afirmó el mandatario, quien además mencionó que la semana anterior Ecuador había atacado lo que describió como un campo de entrenamiento de una disidencia de las FARC. Sin embargo, no presentó de inmediato pruebas fotográficas, coordenadas específicas o informes de inteligencia que corroboraran la ubicación exacta de los hechos ni la identidad de las víctimas.
Por su parte, el presidente Noboa rechazó las imputaciones y defendió la soberanía de las operaciones de sus fuerzas armadas. “Ecuador no opera fuera de su territorio. Atacamos escondites de grupos criminales dentro de nuestro país”, declaró. En un tono que escaló la controversia, Noboa añadió que los grupos atacados son “en gran parte colombianos” y sugirió que se infiltraron en Ecuador debido a un “descuido” en el control de la frontera por parte de Colombia, cargando así la responsabilidad del problema de seguridad hacia su vecino.
La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, respaldó la postura de su gobierno, reiterando el compromiso de Ecuador con el respeto a la soberanía y los principios del derecho internacional. Este intercambio de acusaciones ocurre en un contexto de relaciones ya deterioradas. Desde febrero, ambos países mantienen una guerra comercial que ha impactado importaciones, la cooperación energética y el transporte de crudo, creando un clima de desconfianza diplomática.
Además, el escenario se complica por la participación de Ecuador en el “Escudo de las Américas”, una alianza de seguridad promovida por Estados Unidos, que contrasta con la política exterior de Petro. La extensa y porosa frontera compartida es históricamente una zona de operaciones de guerrillas colombianas desmovilizadas, disidencias, y grupos criminales transnacionales involucrados en narcotráfico, tráfico de armas y minería ilegal, lo que genera constantes fricciones en materia de seguridad.
Ante la crisis, se anunció la conformación de una mesa de diálogo a través de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para intentar destrabar el conflicto. La comunidad internacional observa con preocupación el incidente, ya que un error de cálculo o una escalada militar no verificada podría desestabilizar aún más la región. La falta de una verificación independiente por parte de organismos internacionales o de una investigación conjunta de las fuerzas militares de ambos países en la zona del supuesto bombardeo deja un vacío crucial para esclarecer los hechos y evitar que la retórica derive en acciones más graves.
