Por Monserrat Californias
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció que exigirá al gobierno mexicano informes detallados sobre la crisis de personas desaparecidas en el país. La solicitud forma parte de un procedimiento especial activado en abril, tras concluir que existen indicios bien fundados de una práctica sistemática.
Esta medida es la más severa que contempla la Convención Internacional, de la cual México es Estado Parte. El reclamo internacional evidencia la gravedad del fenómeno y su impacto persistente en derechos humanos.
La notificación ya fue enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Secretaría de Gobernación (Segob), quienes deberán coordinar la respuesta institucional. México deberá entregar datos precisos sobre el número de desaparecidos, avances en investigaciones, medidas de prevención y políticas de reparación.
El Comité también exige conocer las acciones para sancionar a responsables, incluyendo agentes estatales. Este proceso busca garantizar la rendición de cuentas y el respeto a las víctimas.
Este procedimiento, estipulado en el artículo 34 de la Convención, nunca antes había sido activado en otro país. México se convierte así en el primer Estado bajo este escrutinio internacional, lo que marca un precedente en el combate global a la desaparición forzada.
La medida no es simbólica: implica vigilancia estrecha, plazos definidos y evaluación permanente. La ONU podrá emitir recomendaciones vinculantes y en casos graves, escalar a otras instancias multilaterales.
Organizaciones de derechos humanos como IDHEAS y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas celebraron la decisión del Comité. En redes sociales, activistas y familiares de víctimas exigieron al Estado asumir esta responsabilidad con seriedad. También demandaron transparencia en la entrega de la información solicitada. El clamor colectivo es que no haya más simulaciones ni indiferencia ante uno de los crímenes más atroces del país.
La respuesta que México entregue será clave para evaluar su compromiso real con la justicia y los derechos humanos. Miles de familias continúan en la incertidumbre, esperando saber el paradero de sus seres queridos. La exigencia de la ONU es, al mismo tiempo, un llamado de alerta y una oportunidad para romper el ciclo de impunidad que rodea las desapariciones forzadas en México.
