Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Una serie de incidentes violentos, incluyendo balaceras y un atentado, ocurrieron en Tijuana y Mexicali entre el 13 y 14 de marzo, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que solicitará una pena de hasta 120 años de prisión para María de la Luz Damián Andrade, alias ‘La Tía’ o ‘La Abuela’, por su presunta participación en la desaparición de Rogelio Santander en mayo de 2025.
Los hechos recientes iniciaron la tarde del 13 de marzo, cuando agentes municipales confirmaron una balacera en un taller mecánico de la colonia Anexa Postal en Tijuana. Horas después, en la mañana del 14 de marzo, sujetos armados y encapuchados que se desplazaban en motocicleta dispararon contra Luis Jorge Arredondo Maravilla en la colonia Baja California de Mexicali, según testimonios de vecinos. Su condición médica actual se desconoce.
En un operativo separado, elementos de la FGE capturaron el 27 de febrero a Jorge Lee Comte Molina, Francisco Javier Pesqueira Escalante y Samuel Eduardo Cisneros Reed, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la colonia El Florido de Tijuana. Se les relaciona con actividades delictivas en la región.
Paralelamente, la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez informó que su dependencia solicitará la pena máxima para ‘La Tía’, implicada en la desaparición de Rogelio Santander el 6 de mayo de 2025. “Solicitaremos pena máxima para ‘La Tía’ que podría ser hasta 120 años de cárcel”, declaró Andrade Ramírez. El cuerpo de Santander aún no ha sido localizado.
El caso de Damián Andrade presenta contradicciones, ya que la Fiscalía admitió que existe un video incriminatorio mencionado en testimonios que, sin embargo, no está integrado formalmente en la carpeta de investigación. Además, la presunta delincuente ha denunciado amenazas en su contra dentro del penal, cuyas investigaciones no han sido divulgadas.
Estos incidentes se suman a un contexto de violencia comunitaria y daños a propiedad pública estimados en un millón de pesos durante las manifestaciones del 8 de marzo en la Zona Río de Tijuana. La FGE aclaró que, aunque no hay órdenes de aprehensión por esos daños, analiza videos para identificar a posibles participantes.
La situación en Baja California refleja los desafíos persistentes de seguridad en la frontera norte, con enfrentamientos entre grupos delictivos, violencia dirigida y la respuesta de las autoridades judiciales que buscan imponer penas severas ante crímenes de alto impacto.
