Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en la firma de un contrato de 4,500 millones de pesos a 30 años con la empresa Next Energy. La decisión judicial se emitió tras una audiencia que inició el 23 de marzo a las 09:23 horas y se extendió hasta la madrugada del 24 de marzo en la ciudad de Mexicali, donde el magistrado Gerardo Anguiano Ceja determinó que existen elementos para proceder penalmente en contra del ahora dirigente del Partido del Trabajo.
La acusación central gira en torno al acuerdo para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, destinada originalmente a dotar de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana, infraestructura que nunca fue edificada. Según los datos de la investigación, el contrato contemplaba un pago mensual de aproximadamente 123 millones de pesos, registrándose un desembolso inicial por dicha cantidad entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, periodo posterior a la entrega del gobierno por parte de Bonilla en octubre de 2021.
Durante la audiencia, la defensa legal, encabeza por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, argumentó que el delito de uso ilícito de facultades no era aplicable, sosteniendo que el proyecto se trataba de un contrato plurianual para la adquisición de un servicio y no de una adquisición de crédito fiscal. Asimismo, los defensores destacaron que los pagos efectivos se concretaron cuando el exmandatario ya había dejado la administración, buscando con ello desvincularlo de la acusación de abuso de autoridad durante su mandato.
El proceso judicial se desarrolla en un contexto de tensión política entre la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila, de Morena, y el exgobernador Bonilla, quien se ha convertido en el primer exmandatario de su mismo partido en ser acusado abiertamente de corrupción en la entidad. La Fiscalía General del Estado mantuvo un plazo de investigación de seis meses para recabar los elementos que derivaron en esta resolución.
Con la vinculación a proceso, el caso entra en una nueva fase legal donde se determinará la situación jurídica definitiva del implicado. La controversia por el contrato con Next Energy ha marcado la agenda política estatal, poniendo bajo escrutinio las decisiones de la administración pasada y la gestión de los recursos públicos para proyectos de infraestructura energética en la frontera.
