Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La jueza federal Nora Ileana García Peralta vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Justicia de Guerrero, y a otra exfuncionaria identificada solo como Margarita A., tras una audiencia celebrada el 19 de marzo en la Ciudad de México. La autoridad judicial ordenó prisión preventiva oficiosa para Estrada Ortega, quien permanecerá internada en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, mientras se define la situación legal de la segunda involucrada.
La decisión se produce en el contexto de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Entre los elementos de prueba que han surgido en el caso se encuentra la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, hechos que podrían estar vinculados a las funciones que desempeñaron las ahora procesadas.
Existen discrepancias en la información pública respecto a los delitos específicos por los cuales se les imputa responsabilidad. Mientras algunas fuentes indican que la vinculación se centra en delitos contra la salud, otras especifican que se trata de posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados. Aunque la FGR mantiene a Estrada Ortega bajo investigación por su posible participación en el caso Ayotzinapa, la resolución judicial de este 19 de marzo se fundamentó en los hallazgos materiales presentados durante la audiencia.
El plazo para la investigación de estos nuevos hechos ha sido establecido en dos meses, periodo durante el cual la defensa de las acusadas podrá recabar elementos para su liberación o modificación de la medida cautelar. La falta de claridad sobre si ambas exfuncionarias están siendo procesadas por los mismos delitos, así como la identidad completa de Margarita A., permanecen como datos pendientes de confirmar oficialmente por parte de la autoridad judicial o el ministerio público.
Este desarrollo judicial representa un nuevo capítulo en la larga búsqueda de justicia por el caso de los 43 normalistas, donde la participación de funcionarios locales y estatales ha sido objeto de escrutinio en años recientes. La permanencia de Estrada Ortega en prisión preventiva marca un precedente en la estrategia de la actual administración federal para abordar las omisiones y acciones de autoridades pasadas en la región de Guerrero.
