Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- La discusión en el Senado de la República sobre el ‘Plan B’ de reforma electoral enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue suspendida este lunes a las 18:00 horas, debido a la imposibilidad de conciliar las posturas respecto al límite máximo de regidores que establece la iniciativa. La reunión de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales se postergó sin que se haya anunciado una nueva fecha para retomar los trabajos, en medio de discrepancias técnicas y acusaciones políticas entre la mayoría oficialista y la oposición.
La propuesta constitucional busca modificar cuatro artículos para instaurar un techo de 15 regidores en los ayuntamientos, bajo el argumento de austeridad republicana. Sin embargo, legisladores de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señalaron que aplicar este límite de manera generalizada podría generar un efecto contrario al deseado en estados como Veracruz y Tabasco, donde los umbrales actuales oscilan entre tres y cinco regidores y síndicos. Ignacio Mier, presidente de la Jucopo, advirtió que la redacción actual podría obligar a aumentar el número de ediles en dichas entidades, contradiciendo el principio de reducción de gasto que motiva la reforma.
La controversia se profundiza con las acusaciones vertidas por Miguel Ángel Riquelme Solís, senador del PRI, quien afirmó que el objetivo real de la iniciativa no es la austeridad, sino favorecer al partido en el poder de cara a las elecciones de 2027. Esta postura contrasta con la declaración de la presidenta Sheinbaum, quien ha insistido en que la reforma no busca realizar campaña para Morena y que tal práctica está prohibida. La divergencia en las interpretaciones ha complicado la aprobación del transitorio que resolvería el tema del número de ediles.
Guadalupe Taddei, junto con los secretarios técnicos de las comisiones, trabaja en la revisión de los aspectos técnicos que motivaron la suspensión. La falta de consenso radica en cómo armonizar el límite federal propuesto con el respeto a los marcos legales estatales vigentes, un punto que requiere ajustes precisos para evitar incongruencias jurídicas. Hasta el momento, no se ha hecho pública la redacción final del artículo transitorio ni los detalles específicos de las revisiones técnicas más allá del conflicto numérico sobre los regidores.
El ‘Plan B’ electoral también contempla otros cambios significativos, como la modificación del momento para realizar la revocación de mandato, desplazándola al tercer año de gobierno, así como la disminución de presupuestos a los congresos locales y al Senado. La oposición ha mantenido su crítica señalando que estas medidas representan un intento de concentración de poder y un debilitamiento institucional del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque el debate legislativo se encuentra detenido pendiente de la solución al nudo técnico de los ayuntamientos.
La sesión quedó suspendida a la espera de que se presenten propuestas que satisfagan tanto el criterio de austeridad como la realidad federal de los estados mexicanos. Mientras no se defina la nueva agenda de las Comisiones Unidas, la iniciativa permanece en un limbo legislativo que podría impactar los tiempos para su aprobación antes de los procesos electorales futuros.
