El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó este martes que el Congreso de Nuevo León proceda con el juicio político iniciado contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, tal como lo solicitó la Comisión Anticorrupción en enero del año pasado.
Pero al mismo tiempo, el máximo Tribunal del país resolvió una controversia para que el impugnado mandatario continúe al frente de la entidad, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de aquella entidad resuelva el caso mediante una sentencia, sea a favor o en contra.
Con la ausencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el pleno avaló con unanimidad de votos, la validación del juicio político que impulsó en su contra la Comisión Anticorrupción del Congreso local, por presuntas irregularidades administrativas durante su gestión como gobernador.
Sin embargo, la Suprema Corte también resolvió la controversia que presentó el político neoleonés tras la decisión de la citada comisión legislativa del Congreso local en su contra.
Ante esto, las y los ministros tomaron la decisión de declarar inconstitucional la normativa del párrafo segundo del artículo 203 de la Ley de Juicio Político que determina que la persona acusada se tiene que retirar del cargo, por lo que el militante de Movimiento Ciudadano (MC) seguirá al frente de la entidad durante este proceso que se instruirá en su contra.
Por lo tanto, la Suprema Corte determinó que las y los integrantes del Poder Legislativo neoleonés no cuentan con las facultades para determinar la separación del cargo del gobernador y les indican es una facultad del Tribunal Superior de Justicia estatal, debido a que se necesita una sentencia para el efecto.
Es importante precisar que ahora, sólo si el Congreso local considera que García Sepúlveda incurrió en faltas graves, el emecista tendrá que dejar la gubernatura de la entidad; aunque esa posibilidad dependerá de la decisión final del Tribunal Superior de Justicia estatal.
Mientras, durante el proceso de Juicio Político el emecista deber continuar con sus funciones de gobernador, tal como lo establece la Constitución Política de Nuevo León.
Cabe recordar que a finales de enero de 2023, el Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político en contra de Samuel García por “violaciones graves” a la Constitución local.
Argumentaron que no presentó a tiempo el Presupuesto de Egresos de 2023 y tampoco cumplió con la publicación de decretos avalados por el Congreso, entre otras faltas administrativas no aclaradas.
La solicitud de juicio político fue presentada en un inicio por diputados del PAN y del PRI. A principios de febrero pasado, el gobernador neolonés acudió ante la Suprema Corte a interponer un amparo y logró una suspensión definitiva otorgada por un juez de amparo, impidiendo así que el proceso avanzara más.
La situación se complicó cuando el Congreso de Nuevo León tomó la decisión de nombrar a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino, durante la licencia que García Sepúlveda pretendía utilizar para buscar la candidatura a la Presidencia de la República.
Este nombramiento provocó una intervención de la Suprema Corte para resolver la crisis institucional en el estado.
El 1 de diciembre pasado, la SCJN dictaminó: “la procedencia de que Luis Enrique Orozco Suárez, designado por el Congreso, asuma el cargo de gobernador interino”; pero la situación dio un giro tres días después, cuando Orozco Suárez renunció al cargo, permitiendo que Samuel García Sepúlveda reasumiera sus funciones como gobernador y dejando sus aspiraciones presidenciales.
Nota de Abel López Jiménez.
