Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes una nueva iniciativa de reforma electoral, denominada Plan B, enfocada en reducir el presupuesto de los congresos locales y los regidores municipales, con el objetivo de reorientar los ahorros, estimados en miles de millones de pesos, hacia obras públicas. La propuesta será enviada al Congreso de la Unión este martes 17 de marzo y surge luego de que el PT y el PVEM, aliados de Morena, rechazaran una iniciativa más amplia la semana pasada.
El anuncio se realizó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. La mandataria señaló que, ante la imposibilidad de lograr cambios más profundos en el sistema electoral federal —como la reducción del financiamiento a partidos políticos—, el gobierno federal opta por esta alternativa que sí puede avanzar mediante la aprobación de al menos 17 congresos locales.
De acuerdo con información de análisis periodístico, el Plan B busca eliminar “privilegios” en los legislativos estatales y ayuntamientos. Como ejemplo, se citan los altos costos por legislador en estados como Baja California, que ascienden a 34.8 millones de pesos, o en Colima, con 5.1 millones. En ambos estados, los congresos están integrados por 25 diputados locales cada uno.
Una de las fuentes consultadas estima que el ahorro total aproximado podría rondar los 4,000 millones de pesos. Sin embargo, persisten contradicciones sobre el alcance exacto de la propuesta, ya que mientras un análisis señala que también incluye al Senado de la República, otros se centran únicamente en los órganos locales y municipales.
El contexto político es crucial: el llamado “Plan A” de reforma electoral fue rechazado en la Cámara de Diputados el 11 de marzo, lo que evidenció fisuras en la coalición gobernante. El Plan B representa una maniobra para salvar una parte de la agenda de ajustes al gasto político, dejando de lado, por el momento, modificaciones al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a los partidos políticos a nivel federal.
El éxito de la iniciativa dependerá ahora de su tramitación en el Congreso federal y, posteriormente, de su ratificación en los congresos estatales. La estrategia de Sheinbaum busca capitalizar el descontento social con el gasto de la clase política, aunque enfrenta el reto de lograr consensos tras el reciente tropiezo legislativo.
