Ciudad de Mexico, 09 de abril de 2026.- El Pleno del Senado realizó la declaratoria constitucional de la reforma para recortar las jubilaciones doradas y pensiones VIP de funcionarios, tras ser aprobada por 20 congresos locales. La Mesa Directiva del Senado comunicó el oficio en materia de límite a las jubilaciones y pensiones, el cual fue enviado al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
El Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma que establece un límite a las jubilaciones y pensiones de altos funcionarios públicos, modificando el artículo 127 constitucional. La norma establece que las pensiones y jubilaciones de personal de confianza en organismos públicos, empresas del Estado, fideicomisos y entidades paraestatales no podrán superar la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal. Ningún instrumento jurídico podrá establecer condiciones que rebasen ese límite.
Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado, señaló que se trata de “una reforma constitucional destinada a eliminar las pensiones millonarias de exfuncionarios de altos mandos de confianza en distintas entidades públicas de nuestro país como la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, Nafinsa, Bancomext y Luz y Fuerza del Centro”. La legisladora añadió que “la declaratoria que hoy se realiza toca fibras profundas del constitucionalismo mexicano, pero también del sentido común republicano” para evitar “asegurar beneficios desproporcionados”.
Según la investigación, algunas pensiones de altos exfuncionarios superaban el millón de pesos mensuales, mientras que las pensiones que en promedio reciben los trabajadores en México son de alrededor de siete mil pesos al mes. Con la nueva disposición, “nadie podrá recibir más de la mitad de lo que recibe la jefa o el jefe del Ejecutivo federal”, indicó Castillo.
La reforma incluye excepciones para las Fuerzas Armadas, pensiones derivadas de aportaciones voluntarias o sindicales y la pensión no contributiva prevista en la Constitución. Las pensiones ya otorgadas deberán ajustarse al nuevo tope, incluso si se encuentran vigentes, salvo en los casos exceptuados. Los entes públicos deberán revisar y adecuar sus contratos y disposiciones laborales en un plazo máximo de 90 días, sin que haya ampliaciones presupuestales para su implementación.
Los 20 congresos estatales que aprobaron la reforma son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. El proceso inició en la Cámara de Diputados, pasó al Senado y fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación.
