Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- El Senado de la República inició el debate de la iniciativa de reforma electoral conocida como ‘Plan B’, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, encontrando críticas de la oposición y reservas incluso entre partidos aliados al gobierno. La propuesta, que incluye recortes presupuestales al Instituto Nacional Electoral (INE), cambios en la integración de ayuntamientos y la convocatoria a una nueva revocación de mandato, fue cuestionada por legisladores del PAN y del PT, quienes advirtieron riesgos para la equidad en los comicios.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, criticó que la iniciativa no ataca problemas de fondo como el dinero del narcotráfico en las elecciones ni la sobrerrepresentación de Morena. “Es una farsa la revocación de mandato”, señaló, y calificó de “torpezas vulgares” la eliminación de la paridad de género en algunos ayuntamientos. A pesar de sus críticas, el PAN respaldaría el recorte presupuestal progresivo del 15% al INE en cuatro años.
Dentro del Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, surgieron posturas divergentes. El dirigente nacional, Benjamín Robles, anunció respaldo al Plan B pero expresó reservas sobre la fecha propuesta para la revocación de mandato, prefiriendo que se realice en 2028 y no en 2027 para evitar riesgos a la equidad. “Cuestionamos que el proceso sea impulsado desde el gobierno y no por la ciudadanía”, afirmó. En contraste, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre aseguró que votará a favor de la iniciativa sin condiciones.
El diputado Rubén Moreira advirtió que el Plan B busca influir en los comicios de 2027 y no constituye una reforma de fondo. Calificó como un retroceso democrático la participación del Ejecutivo en campañas mediante la revocación y alertó sobre daños a la equidad electoral. Por su parte, el INE defendió su autonomía presupuestal y sus altos sueldos, señalando que los consejeros ganan más que la propia presidenta de la República, con salarios brutos mensuales de 262 mil pesos, muy por encima del tope de 134 mil pesos propuesto en la reforma.
La iniciativa plantea, además, cambios en la integración de los ayuntamientos que afectarían a 56 municipios con reducción de regidurías y a 1,089 con aumento, lo que según críticos podría generar mayores costos operativos. El debate se enmarca en los choques históricos entre el INE y el poder Ejecutivo por presupuesto y salarios, que se remontan al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y anticipa un proceso legislativo complejo en las próximas semanas.
