Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, la cual modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución con el objetivo de generar ahorros presupuestales en congresos locales, ayuntamientos y en las remuneraciones de funcionarios electorales. La votación, realizada este viernes, excluyó la modificación al artículo 35 constitucional que pretendía adelantar la consulta de revocación de mandato a las elecciones intermedias de 2027, una pieza central de la propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Tras la aprobación del dictamen, diversas fuerzas políticas emitieron posturas encontradas. Morena celebró el aval mediante redes sociales, calificándolo como un triunfo del pueblo de México que lleva la transformación a lo local con menos privilegios y más rendición de cuentas. Por su parte, el PAN y el PRI consideraron un logro de la oposición que la enmienda avanzara sin los cambios relacionados con el proceso de revocación. Michel González, secretaria general del PAN, declaró que México ganó al eliminar el intento de convertir la revocación en una herramienta al servicio del poder, mientras que el PRI festejó la modificación al dictamen.
En cuanto a la viabilidad operativa de los próximos comicios, Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) y presidente de la Comisión de Organización, señaló que la exclusión del proceso de revocación de mandato es un punto positivo, particularmente por la equidad de la contienda. Sin embargo, advirtió que persiste una tremenda complejidad logística para 2027, ya que el INE deberá instalar casillas diferenciadas y duplicar personal para realizar en la misma fecha la renovación de la Cámara de Diputados y la elección judicial, esta última bajo un marco normativo distinto.
Previo a la aprobación de la reforma, la Presidencia del INE hizo llegar un documento al Senado donde argumentó que eliminar el llamado ‘bono electoral’ podría resultar más costoso para el erario debido al pago de horas extras. Según el informe, el organismo pagó 2,419 millones de pesos por este concepto en los tres últimos procesos comiciales: 449.2 millones en 2022 durante la revocación de mandato, 964.9 millones en el proceso electoral federal de 2024 y mil 5 millones el año pasado para la elección del Poder Judicial.
El texto enviado por el INE estimó que, sin el bono y bajo un esquema de 12 horas extras semanales, el gasto habría ascendido a 603.5 millones en 2022, mil 136 millones en 2024 y mil 321 millones para la contienda de juzgadores. Con la reforma aprobada centrada únicamente en la austeridad de estructuras legislativas y ejecutivas locales, queda descartada por ahora cualquier modificación al marco legal de las elecciones que involucre a los partidos satélites de la coalición oficialista.
