Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en sesión plenaria la reforma constitucional conocida como Plan B electoral, sin incluir la revocación de mandato presidencial para 2027. La votación, realizada cerca de la medianoche del 25 de marzo, registró 87 votos a favor y 41 en contra.
La exclusión de la revocación de mandato fue impulsada por el Partido del Trabajo (PT), cuya posición se fundamentó en la necesidad de separar dicho ejercicio de las campañas partidistas para garantizar la gobernabilidad. Con esta decisión, la consulta de revocación presidencial no coincidirá con las elecciones intermedias de junio de 2027, como originalmente se planteaba en la enmienda al artículo 35 constitucional.
Según la ley vigente, tras la exclusión aprobada por el Senado, la consulta de revocación de mandato solo podrá solicitarse a finales de 2027 y realizarse en 2028. Esta modificación representa un cambio sustancial respecto al proyecto original de reforma electoral que previamente fuera rechazado por la Cámara de Diputados.
En torno a la aprobación surgieron posturas divergentes dentro de la coalición oficialista. Mientras algunos senadores presentaron la votación como un éxito al mantener la unidad y aprobar la parte principal de la iniciativa, desde la Presidencia de la República se expresó que la exclusión de la revocación constituía una medida negativa para el país.
En la votación participaron representantes de Morena, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, PRI y PAN. Entre los involucrados en el proceso legislativo se encuentran los coordinadores parlamentarios de las principales fuerzas políticas, así como dirigentes nacionales de los partidos representados en el Senado.
La aprobación del Plan B electoral en el Senado marca un punto de inflexión en la agenda de reformas constitucionales del actual gobierno federal. La iniciativa contempla además la reducción de privilegios en el sistema electoral mexicano, aunque el contenido completo de la reforma más allá de este aspecto y la exclusión del artículo 35 no fue detallado en el registro de la sesión.
Con esta resolución, el proceso legislativo de la reforma electoral avanza hacia su siguiente etapa, en un contexto marcado por diferencias internas sobre el alcance y timing de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución.
