Por Luis Martínez Alcántara
La líder opositora venezolana María Corina Machado fue detenida brevemente tras encabezar una manifestación en Caracas en contra de la investidura de Nicolás Maduro. La protesta se centró en reivindicar la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien, según la oposición, ganó las elecciones presidenciales en medio de acusaciones de manipulación electoral por parte del régimen chavista.
El incidente ocurrió en el barrio comercial de Chacao, donde Machado se unió a una concentración de opositores al gobierno.
Según informes, Machado fue “violentamente interceptada” por agentes de seguridad del Estado al salir de la manifestación. Su equipo político denunció que durante el operativo, los efectivos dispararon contra las motos que la transportaban, lo que ha sido calificado por algunos como un acto de “secuestro” más que una detención formal.
La ONG Human Rights Watch también confirmó su arresto y exigió su liberación inmediata, subrayando la necesidad de que la comunidad internacional actúe en su defensa.
La confusión en torno a los hechos aumentó rápidamente. Mientras su partido, Vente Venezuela, reportaba su detención, el gobierno de Maduro desmentía las acusaciones, calificando la situación como una “manipulación mediática”.
Poco después, se informó que Machado había sido liberada, aunque los detalles sobre su estado y las circunstancias exactas de su liberación permanecen inciertos. Este episodio ha intensificado la tensión política en Venezuela, especialmente con la toma de posesión presidencial.
La reacción internacional no se hizo esperar. Gobiernos y organizaciones han expresado su preocupación por el tratamiento que recibe la oposición en Venezuela. El presidente de Panamá exigió “plena libertad” para Machado y responsabilizó al “régimen dictatorial” por su seguridad. Asimismo, Edmundo González Urrutia, quien se autoproclama presidente electo, demandó su liberación inmediata y advirtió a los cuerpos de seguridad sobre las consecuencias de sus acciones.
