Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) firmaron un convenio para promover la igualdad y no discriminación en la función judicial, mientras organizaciones de la sociedad civil demandan que los derechos de los pueblos indígenas sean vinculantes y no solo declarativos en el sistema de justicia mexicano.
El acuerdo institucional fue suscrito el 20 de marzo de 2026 en la Ciudad de México con la participación del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred Claudia Olivia Morales Reza. El convenio busca incorporar la igualdad sustantiva en la labor jurisdiccional, aunque no se detallaron los mecanismos concretos para su implementación.
En paralelo, el Senado de la República impulsó un llamado para uniformar las leyes de género en todos los estados del país. La senadora Malú Micher participó en las acciones legislativas relacionadas con la armonización normativa, sin que se haya establecido un plazo específico o medidas de seguimiento para los estados.
Organizaciones como Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México emitieron un posicionamiento exigiendo una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional. El contenido y estatus legislativo de dicha ley no fue especificado en los anuncios institucionales.
Un caso judicial específico genera cuestionamientos sobre la procuración de justicia. La jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo otorgó un amparo al empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, acusado de fraudes. Este caso contrasta con los anuncios institucionales de avances en derechos humanos y no discriminación, sugiriendo una posible contradicción entre el discurso oficial y la práctica judicial.
El sistema de justicia mexicano también cuenta con la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, que suma más de 5 mil bases de datos de 184 instituciones. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones reportó esta cifra como parte de los recursos disponibles para transparencia en materia de justicia.
Las noticias reflejan tanto acciones oficiales como demandas sociales y casos problemáticos dentro del sistema de justicia. No se especificó la reacción del Poder Judicial a las críticas sobre el caso de la jueza Duarte Cedillo, ni se establecieron plazos para el seguimiento de la armonización legislativa en los estados.
