Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reservó por cinco años los datos sobre su parque vehicular, que incluye 151 unidades en uso, en respuesta a una solicitud de transparencia presentada en enero de 2026. El Comité de Transparencia de la SCJN argumentó que informar el modelo, costo y fecha de adquisición de los vehículos podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares del Poder Judicial.
La decisión fue tomada tras una solicitud de acceso a la información que buscaba conocer detalles sobre los automóviles asignados a los ministros y sus ponencias desde 1994 a la fecha. Según medios como El Siglo de Torreón y El Universal, la Corte también rechazó hacer público qué ministros han adquirido los vehículos asignados a su ponencia en ese periodo.
En su resolución oficial, el Comité de Transparencia de la SCJN señaló que la reserva se justifica para garantizar la seguridad, salud y, en consecuencia, la vida de las personas servidoras públicas usuarias de este Alto Tribunal. La argumentación enfatiza que divulgar información específica sobre los vehículos podría comprometer la protección de los titulares del Poder Judicial.
El contexto de esta decisión se vincula con la revelación previa sobre la adquisición de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee destinadas a los ministros de la Corte. La solicitud de transparencia de enero 2026 no pidió datos de asignación específica ni el emplacado de los vehículos, pero la SCJN optó por reservar la información de manera general.
Entre la información que permanece bajo reserva se encuentra el monto total invertido en el parque vehicular de 151 unidades, así como el modelo y costo específico de cada vehículo. Tampoco se harán públicos los nombres de los ministros titulares a quienes se asignan los vehículos ni las placas de las unidades.
La reserva de información por cinco años implica que estos datos no estarán disponibles para consulta pública durante ese periodo, salvo que se modifique la decisión mediante un nuevo procedimiento de transparencia. Esta medida se suma a otras prácticas de reserva de información que han generado debate sobre la transparencia en instituciones del Estado mexicano.
La SCJN mantiene su posición de que la protección de la seguridad de sus integrantes prevalece sobre la obligación de transparencia en este caso específico. La decisión refleja la tensión entre el derecho de acceso a la información pública y las consideraciones de seguridad que invocan los órganos constitucionales autónomos.
