Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la constitucionalidad de la reforma que reserva exclusivamente al Estado mexicano la exploración y explotación del litio. La resolución, emitida el 24 de marzo de 2026, confirmó la validez de los artículos 1, 5 bis y 10 de la Ley Minera, modificados en 2022 para nacionalizar este recurso estratégico.
La ministra Sara Irene Herrerías Guerra actuó como ponente en la acción de inconstitucionalidad 78/2022, la cual fue promovida originalmente por una minoría de senadores de oposición que cuestionaron la legalidad del decreto ejecutivo. En su análisis, el alto tribunal determinó que la norma no requiere de una consulta previa a pueblos indígenas y afroamericanos, al considerar que se trata de una disposición de carácter general sin un impacto directo e inmediato sobre estas comunidades.
Con este fallo, la SCJN ratifica la facultad del Estado para controlar la cadena productiva del litio, blindando juridicamente la política energética actual frente a los desafíos legales presentados desde la legislatura. La decisión consolida el marco legal que impide la participación de privados en las etapas de exploración y extracción de este mineral, considerado clave para la transición energética global.
La resolución pone fin a la incertidumbre jurídica que pesaba sobre el sector minero desde la promulgación de la reforma hace cuatro años. Al declarar infundados los argumentos de inconstitucionalidad, el pleno de la Corte establece un precedente que fortalece la soberanía nacional sobre los recursos geológicos, alineándose con la interpretación de que el litio es un bien público fundamental para el desarrollo de la nación.
