Madrid, 31 de mayo de 2026.- Pedro Sánchez y su Gobierno intentan salir del nuevo agujero en el que le han metido dos nuevos escándalos: el caso Zapatero y el de los pagos a Leire Díez. La estrategia del Ejecutivo pasa por ganar tiempo, con la confianza de que la visita del Papa, el Mundial y la llegada del verano puedan ofrecerle algo de respiro.
La presión de los socios de coalición ha marcado el calendario político. Sumar presionó para que Sánchez anunciara rápido una comparecencia en el Congreso, aunque esta finalmente se realizará casi dentro de un mes. La intervención está programada para cuando José Luis Rodríguez Zapatero haya declarado como imputado ante la Audiencia Nacional.
El expresidente del Gobierno ha sido imputado por la Audiencia Nacional por posible tráfico de influencias en relación con Venezuela. Las pesquisas se centran en una reunión que mantuvo en noviembre de 2024 con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, donde le presentó el denominado ‘Plan Z’.
Dicha propuesta incluía una reforma constitucional para acortar el periodo presidencial de seis a cuatro años y crear la figura de un primer ministro. El plan contemplaba también una ley de amnistía y estaba destinado a apartar a Maduro del poder ejecutivo. Finalmente, Maduro fue sacado a la fuerza del palacio por un comando militar estadounidense que atacó Caracas.
Paralelamente, el Ejecutivo enfrenta el caso de Leire Díez, una exmilitante del PSOE que se dedicó a buscar información negativa sobre jueces, fiscales y policías que impulsaban algunos casos contra su partido. A pesar de la gravedad de las situaciones, los socios del Gobierno no quieren ser responsables de tumbar al Ejecutivo con una moción de censura que abra la puerta a una alternativa del PP y Vox.
En medio de la crisis diplomática y judicial derivada de estos hechos, el hasta ahora presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió a las acusaciones con una única palabra: “Jamás”.
