Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La reforma electoral conocida como ‘Plan B’, iniciativa presidencial que modifica cuatro artículos constitucionales en materia electoral y de austeridad republicana, enfrenta obstáculos en su tramitación legislativa debido a la oposición del Partido del Trabajo (PT) y discrepancias sobre el número de votos disponibles para su aprobación.
La propuesta contempla establecer un tope presupuestal del 0.7% para los congresos locales, reducir el número de regidores y síndicos municipales, y programar la revocación de mandato presidencial para junio de 2027, coincidiendo con las elecciones legislativas. Este último punto genera resistencia por parte del PT, que considera que la fecha beneficiaría electoralmente a Morena.
Existen versiones contradictorias sobre el avance del dictamen. Ignacio Mier Velazco anunció su dictaminación para el martes 24 de marzo, mientras que otras fuentes parlamentarias indican que fue postergado hasta después de Semana Santa debido al rechazo del Partido del Trabajo. Óscar Cantón Zetina asegura que Morena cuenta con los votos necesarios en comisiones, posición que contrasta con declaraciones de Ricardo Monreal, quien señala que la presidenta es consciente de que puede no alcanzar los votos requeridos en el Congreso.
Los partidos de oposición, incluyendo el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), han solicitado retirar la iniciativa. La discusión involucra también a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, entre ellos Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey, Martín Faz, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala, quienes han emitido posicionamientos sobre la reforma.
La tramitación de la reforma se desarrolla en un contexto de negociaciones parlamentarias donde el Partido del Trabajo, aliado de Morena, mantiene su objeción al punto de la revocación de mandato. Alberto Anaya figura entre los involucrados en las discusiones sobre este elemento clave de la iniciativa presidencial.
El estancamiento legislativo refleja las dificultades para consolidar la mayoría requerida en el Senado, donde la coordinación entre la fracción de Morena y sus aliados resulta fundamental para el avance de la reforma constitucional. Las próximas sesiones de comisiones determinarán si se logra desbloquear el dictamen o si la postergación se extiende más allá del periodo vacacional.
