Por Redacción
Tamaulipas, 03 de agosto de 2026.- El homicidio de Dafne Zapata, una adolescente de trece años, ocurrido durante un campamento de una academia militarizada en Tamaulipas, ha generado una reflexión sobre la violencia en estas instituciones. Emilio Ulloa señaló que este hecho pertenece a la categoría de tragedias que “obligan a un país entero a preguntarse cómo fue posible que el Estado permitiera durante años la existencia de instituciones donde la violencia podía presentarse como un método educativo”.
De acuerdo con la información disponible, la Secretaría de Educación Pública nunca autorizó la modalidad educativa de academias militarizadas ni según la Constitución ni la Ley General de Educación. A pesar de ello, “durante décadas, numerosas academias privadas vendieron a miles de familias una promesa seductora: convertir adolescentes ‘rebeldes’ en jóvenes responsables mediante una formación inspirada en la vida castrense”, indicó Ulloa.
Conforme avanzó la investigación sobre la muerte de Dafne, comenzaron a aparecer testimonios que describen prácticas reiteradas como “golpes, castigos extremos, ejercicios físicos desproporcionados, aislamiento, humillaciones y un código de silencio impuesto por el temor”. A esto se sumaron los antecedentes de otros menores fallecidos en academias similares, lo que permitió identificar “un patrón de violencia institucional más que una simple sucesión de accidentes”.
Ante estos hechos, Ulloa afirmó que “la disciplina no puede ser sinónimo de violencia” y cuestionó la actuación de las autoridades: “Si las autoridades educativas estatales son las responsables de autorizar y supervisar planteles particulares, ¿por qué fue necesaria la muerte de tres menores para iniciar una revisión nacional?”.
Finalmente, se destacó que existe una responsabilidad institucional cuando el Estado omite supervisar adecuadamente. Como se mencionó en la investigación: “cuando el Estado omite supervisar adecuadamente y normaliza vacíos regulatorios o permite que instituciones privadas construyan modelos educativos al margen del marco jurídico, la omisión también produce consecuencias”.
