Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó una iniciativa de Ley General contra el Feminicidio que propone endurecer las sanciones penales hasta 70 años de prisión y establecer un tipo penal único a nivel nacional. La medida, presentada este 25 de marzo en la capital del país, tiene como objetivo principal homologar los criterios de investigación y persecución del delito en todas las fiscalías de la República Mexicana.
De acuerdo con los datos duros de la propuesta, la nueva legislación contempla una penalidad de entre 40 y 70 años de cárcel para quienes cometan este delito. Además, la iniciativa incluye sanciones específicas para la tentativa de feminicidio y obliga al Ministerio Público a investigar de inicio cualquier muerte violenta de una mujer bajo esta tipificación, eliminando la discrecionalidad en las primeras etapas de las averiguaciones previas.
En la presentación de la estrategia estuvieron presentes figuras clave del sistema de justicia y seguridad, incluido Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y Ernestina Godoy, fiscal general de la República. También participó Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, quien forma parte del equipo encargado de impulsar los mecanismos de protección establecidos en la ley.
Uno de los componentes innovadores de la iniciativa es la creación de un registro nacional de orfandad destinado a los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio. Este mecanismo busca dar seguimiento y garantizar derechos a los menores que quedan en situación de vulnerabilidad tras el asesinato de sus madres, integrando una perspectiva de reparación del daño más allá del castigo al agresor.
La búsqueda de una ley general responde a la necesidad de contar con estándares uniformes en todo el territorio nacional, evitando que la definición y el tratamiento del feminicidio varíen sustancialmente entre las distintas entidades federativas. Con esta acción, el Ejecutivo federal pretende cerrar brechas legales que han permitido la impunidad en casos de violencia de género en diferentes regiones del país.
Aunque la investigación no detalla la fecha exacta de envío formal al Senado ni el número de registro de la iniciativa, el avance representa un paso central en la agenda de seguridad y justicia de género del actual gobierno. La participación conjunta de los poderes Judicial y Ejecutivo en la presentación subraya la intención de coordinar esfuerzos institucionales para la aplicación efectiva de la normativa una vez sea aprobada.
