Por Redacción:
Lima, Perú – 24 de noviembre de 2025 – El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, abrió la puerta a la posibilidad de ingresar por la fuerza a la Embajada de México en Lima para ejecutar la orden de captura contra la ex primera ministra Betssy Chávez Chino, procesada por su presunta participación en el intento de autogolpe de Estado liderado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. En una entrevista publicada este domingo en el diario El Comercio, Jerí Oré enfatizó que no descarta ninguna opción para cumplir con el mandato judicial, lo que ha escalado la tensión diplomática entre ambos países y generado reacciones inmediatas en la región.
“Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”, declaró el mandatario de 39 años, quien asumió el cargo de manera interina el 9 de octubre de 2025 tras una crisis política que incluyó la destitución de la expresidenta Dina Boluarte por acusaciones de corrupción. Jerí Oré, quien aún no ha deliberado la medida con su primer ministro ni el Gabinete, reiteró que “no le tiembla la mano” para actuar, incluso ante posibles repercusiones internacionales, y calificó el asilo concedido a Chávez como un “mal uso del principio de asilo político” que distorsiona las normas diplomáticas.
El Poder Judicial peruano emitió la orden de captura internacional y dictó cinco meses de prisión preventiva contra Chávez el viernes 21 de noviembre a las 14:30 horas, argumentando un “peligro palpable de fuga” debido a su inasistencia a controles biométricos y audiencias desde marzo de 2025, cuando inició su juicio por rebelión y conspiración en agravio del Estado. La ex primera ministra, de 36 años y cercana al izquierdismo de Castillo, enfrenta una pena de hasta 25 años de prisión solicitada por la Fiscalía, además de una inhabilitación de dos años y medio para cargos públicos. Tras la resolución, la Policía Nacional de Perú reforzó la vigilancia perimetral en la sede diplomática mexicana, ubicada en la avenida Coronel Pedro Portillo, en el distrito de San Isidro, con al menos 50 agentes desplegados desde las 16:00 horas del mismo día.
Chávez, quien fungió como primera ministra entre el 6 y el 10 de diciembre de 2022 –cuatro días antes del fallido autogolpe–, ingresó a la embajada mexicana el 2 de noviembre de 2025, solicitando asilo político ante lo que denunció como “persecución política” por parte del gobierno interino. México concedió el refugio el 10 de noviembre, pero Perú ha rechazado hasta ahora el salvoconducto para su salida, alegando que no se trata de un caso de persecución sino de responsabilidad penal. La sede diplomática, de 752 metros cuadrados, permanece sin jefa de misión desde el 12 de noviembre, cuando el gobierno peruano expulsó a la encargada Karla Ornelas por “injerencia indebida”.
El antecedente del caso remite al autogolpe de Castillo, quien disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas, acción que derivó en su detención inmediata y la juramentación de Boluarte como presidenta. Chávez, como coautora presunta, estuvo presa preventivamente por más de dos años en la penitenciaría de mujeres de Chorrillos, hasta su liberación el 1 de septiembre de 2025 por un fallo del Tribunal Constitucional, tras huelgas de hambre en las que denunció abusos carcelarios. Su juicio oral ha sido irregular, con suspensiones por falta de comparecencia, lo que impulsó la medida cautelar actual.
La declaración de Jerí Oré ha provocado un impacto inmediato en las relaciones bilaterales. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió un comunicado a las 18:45 horas del 23 de noviembre, exigiendo el respeto irrestricto a la inviolabilidad de su sede diplomática y recordando la Convención de Viena de 1961, que prohíbe irrupciones en legaciones extranjeras. “México no tolerará agresiones a su soberanía diplomática y tomará las medidas recíprocas necesarias”, advirtió el documento oficial. En el ámbito económico, el impasse amenaza el comercio bilateral, que superó los 1,200 millones de dólares en 2024, con exportaciones mexicanas de maquinaria y productos agroindustriales hacia Perú en un 15% anual. Analistas estiman que una ruptura podría elevar aranceles en un 20% y afectar a 5,000 empleos directos en sectores logísticos.
Socialmente, el episodio aviva el descontento en Perú, donde la aprobación de Jerí Oré ronda el 28% según encuestas de Ipsos del 20 de noviembre, en medio de un estado de emergencia declarado el 15 de octubre por ola de violencia en regiones andinas. En México, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han alertado sobre el riesgo de “politización de la justicia” en Perú, mientras que en la región, el presidente colombiano Gustavo Petro publicó en X a las 17:20 horas del 21 de noviembre: “Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira la suya”, a lo que Jerí Oré respondió con desdén: “A palabras necias, oídos sordos”.
En redes sociales, la controversia explota con más de 45,000 menciones en X entre el 23 y el 24 de noviembre, bajo hashtags como #NoALaIrrupcion y #JusticiaParaBetssy. Usuarios peruanos de derecha, como la congresista Lady Camones, exigen acción inmediata: “Hay que dejárselo claro al pueblo peruano: Betssy Chávez no es perseguida política; incluso por la fuerza, como en Ecuador”. Por el contrario, simpatizantes de izquierda en México y Perú, incluyendo cuentas ligadas a Morena, denuncian un “golpe blando” contra disidentes, con publicaciones virales que comparan el caso al asilo de Julian Assange. Un tuit de la periodista Milagros Leiva, con 12,000 interacciones, resume la polarización: “José Jerí: ‘Hasta que limpiemos el país será necesario vivir en estado de emergencia’”.
Las consecuencias podrían extenderse si Perú opta por la irrupción, similar al incidente de Ecuador en abril de 2024, cuando policías ingresaron a la embajada mexicana para capturar a Jorge Glas, lo que derivó en la ruptura de relaciones y demandas ante la Corte Internacional de Justicia. El canciller peruano, Hugo de Zela, contradijo inicialmente a Jerí Oré el 3 de noviembre al afirmar que “Perú es un país respetuoso del Derecho Internacional”, pero la postura presidencial prevalece. Mientras tanto, Chávez permanece en la embajada, aguardando resolución, en un limbo que pone a prueba los límites de la diplomacia latinoamericana.
