Ciudad De México, 30 de marzo de 2026.- Autoridades federales aceptaron que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realice los estudios genéticos de una bolsa con restos óseos hallada en la funeraria El Ángel, ubicada en la carretera federal México-Acapulco. La diligencia en el crematorio se llevó a cabo el sábado 21 de marzo de 2026, donde se encontró un recipiente con la leyenda ‘2014’, año de la desaparición de los normalistas, mientras que en el mismo lugar había otros restos con fechas de 2023, 2024 y 2025.
Isidorio Vicario, abogado de las familias, confirmó que “lo que dijeron las autoridades es que sí se van a coordinar con el equipo argentino para realizar los trabajos correspondientes”. Sin embargo, Mario González, padre del normalista César Manuel, manifestó cautela: “No les vamos a creer (a las autoridades) hasta que esté avalado por el EAAF; cualquier cosa y todo fragmento que sea recogido de ese predio tiene que ser analizado”.
Paralelamente al avance en las pruebas forenses, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos presentan una división en cuanto a la estrategia a seguir. Un grupo mayoritario, integrado por más de veinte familiares, quiere mantener las marchas en la Ciudad de México cada mes. Por otro lado, un grupo minoritario de quince personas prefiere seguir la ruta legal y evitar el traslado mensual a la capital del país.
Felipe de la Cruz, vocero del grupo minoritario, explicó que “los abogados los obligan a que vayan a las marchas, que estén en las actividades. Nosotros decidimos tener otra dinámica, evitando el esfuerzo de los padres para que se trasladen a la Ciudad de México cada mes, con todas las enfermedades que cargan”. Este sector optó por “proponer líneas de investigación para que, a través de la Fiscalía General, sean llamados a declarar otros involucrados que sabemos no han sido molestados”.
La fractura entre los grupos se profundizó debido a que el sector minoritario no fue notificado de la reciente diligencia ministerial en la funeraria. Felipe de la Cruz denunció: “El gobierno nos discrimina al no notificarnos por ser menos que los demás compañeros. Exigimos trato igual, porque somos víctimas del mismo hecho”, y agregó que le pidieron a la presidenta de la República que “tome cartas en esta cuestión”.
En otros frentes, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, insistió en que el Ejército dé cumplimiento a una sentencia de un juez federal que ordena entregar 853 folios militares sobre el caso. Mientras tanto, los padres siguen a la espera de que el gobierno federal confirme una nueva reunión con la Presidenta.
