Por Monserrat Californias
El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) activó, por primera vez en su historia, el procedimiento estipulado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Esta medida responde a información que indica que las desapariciones forzadas se llevan a cabo de manera generalizada o sistemática en México. El CED solicitará formalmente al Estado mexicano información pertinente sobre la situación en las próximas semanas, buscando establecer un diálogo constructivo para garantizar la aplicación integral de la Convención.
En respuesta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México rechazó que el país viva una crisis de desapariciones y negó que estas sean consecuencia de una política de Estado. La CNDH calificó el posicionamiento del presidente del CED como “totalmente descontextualizado” y afirmó que este tipo de señalamientos se apartan de un juicio serio sobre las condiciones actuales del país.
Además, la CNDH anunció la apertura de una Oficina Regional en Guadalajara, Jalisco, que entrará en operaciones el 15 de abril de 2025. Esta oficina tiene como objetivo atender problemáticas relacionadas con violaciones de derechos humanos en la región occidental de México. La comisión enfatizó que esta acción es una muestra de la capacidad del Estado mexicano para prevenir y atender dichas problemáticas.
El anuncio del CED ha generado diversas reacciones en México. Organizaciones de la sociedad civil han señalado la gravedad de la situación y la necesidad de implementar una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones. Por su parte, la CNDH ha cuestionado la eficacia de las misiones extranjeras y medidas impuestas desde el exterior, argumentando que, en ocasiones, han complicado lo que se pretende remediar.
La discrepancia entre la ONU y la CNDH pone de manifiesto la complejidad del problema de las desapariciones en México y la necesidad de un enfoque integral que incluya la colaboración entre organismos internacionales, nacionales y la sociedad civil para abordar esta grave problemática.
