Ciudad De México, 14 de julio de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el inicio de una estrategia jurídica y diplomática ante los fallecimientos de ciudadanos mexicanos ocurridos bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos. El plan del Gobierno de México se compone de cuatro ejes principales para abordar estas defunciones.
En coordinación con la Fiscalía General de la República, se presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuya entrega se realizará por conducto de la Embajada de México en aquel país. Asimismo, la SRE indicó que “inició la presentación de denuncias ante las fiscalías estatales competentes, a través de su Embajada en Estados Unidos y de su red consular”. Sobre estas acciones, la cancillería precisó que corresponden a la “etapa de investigación, paso previo indispensable para el ejercicio de las acciones judiciales que procedan conforme a derecho”.
El Gobierno de México también inició el envío de escritos de cese y desistimiento (cease and desist) a los centros de detención donde han fallecido personas mexicanas. El primer escrito, suscrito por el Consultor Jurídico de la SRE, fue dirigido al centro de detención de Adelanto, California, instalaciones donde han muerto cuatro connacionales. El objetivo de estos documentos es que “cesen de inmediato las acciones u omisiones que derivaron en estas muertes, tales como impedir el acceso a atención médica pronta y expedita, así como la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios”.
En el ámbito internacional, la titular de la SRE dirigió un documento a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En él, informó sobre las defunciones y solicitó que su oficina “recabe información de las autoridades de Estados Unidos, analice la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales en la materia, formule las recomendaciones correspondientes y transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos”.
Según reportes, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, tres mexicanos han muerto en operativos de ICE y otros 14 en centros de detención. Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la unidad en defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
La respuesta de la oposición fue inmediata. Alito Moreno, jefe del PRI, calificó el llamado de Sheinbaum de “farsa” para ocultar la inminente debacle del “narcopartido”. Moreno afirmó: “El PRI no negocia, ni se dobla ante ningún tipo de artimaña orquestada por la narcodictadura terrorista y comunista que representa el gobierno morenista”, y agregó que “ese llamado a la unidad es una manzana envenenada; de ninguna manera puede ser visto como un acto de patriotismo o de defensa de la soberanía”.
Por su parte, Jorge Romero, jefe nacional del PAN, dijo que no sorprende que la presidenta, después de casi dos años de cerrar completo el diálogo con la oposición, hoy haga un llamado a la unidad. Romero declaró estar por la “absoluta y total” unidad en torno a los paisanos, pero cuestionó: “Ojalá ese llamado a la unidad nacional fuera siempre, y no sólo un caso. Ojalá fuera un gobierno que convocara a la unidad por la seguridad, por la educación, por la salud, por la democracia. Ojalá la unidad fuera una política de estado y no solo una reacción coyuntural”.
