Por Abel López Jiménez
Más de dos mil trabajadores de honorarios y de confianza del Senado de la República serán despedidos al finalizar el próximo mes de abril, cuando terminen sus contratos laborales y, según se sabe, la responsable de esta decisión es la Junta de Coordinación Política.
Entre los detalles preocupantes y controvertidos de esa decisión está que los eventuales trabajadores afectados no recibirán ninguna compensación los años de servicio prestados a la Cámara Alta, pues la mayoría tiene entre 6 y más de 20 años de servicio.
Empleados consultados sobre el tema, quienes solicitaron no relevar sus nombres para evitar represalias en su contra, afirmaron que es una maniobra que claramente viola sus derechos laborales.
Aseguran que la misma tiene como objetivo obtener mil 300 millones de pesos, que no serán devueltos a la tesorería, sino que aumentarán los montos de los finiquitos de las y los senadores que finalizarán sus funciones en agosto próximo.
Esta medida, dicen, se suma a la preocupación previa sobre la subcontratación de trabajadores de limpieza en el Senado, denunciada por miembros de diversos grupos parlamentarios.
Sin embargo, se ha hablado poco del detrimento en los salarios de los trabajadores de honorarios y de confianza, especialmente de los asesores parlamentarios. Esos profesionales, como secretarios técnicos de comisiones, órganos de gobierno, asesores y personal de apoyo a la labor legislativa, son fundamentales para el funcionamiento del Senado.
También se pudo saber que el tema ha sido discutido en reuniones a puerta cerrada de los grupos parlamentarios, generando voces inconformes, donde los senadores enfrentan la disyuntiva de hacer lo correcto y liquidar a sus colaboradores o recibir un buen cheque de partida. La pregunta está en el aire: ¿Optarán por defender los derechos de los trabajadores o por asegurar una buena liquidación?…
Más aún, durante una reunión de trabajo de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, efectuada el miércoles de la semana pasada (28 de febrero), senadores del PAN advirtieron que se prevé el despido masivo de trabajadores de honorarios y de confianza, quienes tienen contrato laboral hasta el próximo 30 de abril y que no se les dará continuidad para la próxima Legislatura.
Al respecto, los senadores Kenia López Rabadán y Alfredo Botello expusieron la preocupación de ese gremio de trabajadores que laboran en todas las áreas operativas de la Cámara de Senadores.
Se pudo saber que López Rabadán solicitó al presidente de esa Comisión, Napoleón Gómez Urrutia, pronunciarse al respecto y analizar el tema, pero que el legislador de Morena rechazó la petición con el argumento de que existe un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que cada bancada se haga cargo de sus trabajadores en el tema de las liquidaciones.
Ante ello, la legisladora panista rechazó ese acuerdo y aclaró que no se trata sólo de los asesores de cada bancada o senadores, sino de un número importante de trabajadores del Senado de la República que pertenecen a diversas áreas operativas y que está en riesgo su empleo al darles un contrato solo hasta el 30 de abril.
“Se necesita un cierre digno de Legislatura. Los trabajadores no se merecen un cierre indigno, ilegal de la presente LXV Legislatura y que termina el próximo 31 de agosto, como el que se pretende”, manifestó López Rabadán
