La UIF no está investigando al periodista Carlos Loret de Mola, a pesar de las acusaciones de este último sobre una supuesta persecución debido a sus trabajos de investigación. Las denuncias se dirigen exclusivamente contra Latinus y no incluyen a ningún periodista o profesional de la comunicación declaró Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Explicó que la denuncia es contra Latinus y que fue presentada el 20 de mayo de 2021 y que se basa en delitos como lavado de dinero y corrupción. Latinus Media Group LCC, fundado en 2017 por el empresario Christian González Guadarrama, es el foco de estas investigaciones debido a presuntos sobornos millonarios recibidos entre 2019 y 2024.
Durante su intervención en La Mañanera, Pablo Gómez presentó un cuadro con los montos económicos recibidos por los colaboradores de Latinus. Los datos mostraron que Carlos Loret de Mola recibió más de 5 millones de pesos, mientras que Latinus acumuló más de 17 millones de pesos.
Gómez indicó que estos recursos no se destinaron a la compra de servicios periodísticos, sino a servicios médicos y promoción de campañas, entre otros usos. Destacó que estas averiguaciones se basan en investigaciones del sistema financiero y no en menciones en medios de comunicación.
Insistió en que la UIF no realiza indagatorias, sino que sigue el proceso establecido por la Fiscalía General de la República. Subrayó que la política del Gobierno es respetar el Artículo 7º de la Constitución, que garantiza la inviolabilidad de la libertad de expresión. Gómez aseguró que no se trata de persecuciones contra los críticos del Gobierno, refiriéndose a las declaraciones de Carlos Loret de Mola sobre supuestos ataques en su contra.
Finalmente, Pablo Gómez reafirmó el compromiso del Gobierno con la libertad de difundir opiniones e ideas a través de cualquier medio. Reiteró que las denuncias contra Latinus son el resultado de investigaciones financieras y no de represalias políticas. La situación sigue en manos de la Fiscalía, que determinará el curso de las acciones legales correspondientes.
Por Luis Martínez Alcántara.
