Por Redacción
Nueva York, 22 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó formalmente a un tribunal federal desestimar la apelación presentada por la defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, quien fue condenado en octubre de 2024 a más de 38 años de prisión por delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio.
La petición fiscal fue entregada mediante un documento jurídico que supera las 100 páginas, en el cual los fiscales especiales Adam Amir y Joseph Nocella argumentan que no existen fundamentos válidos para revertir la sentencia impuesta tras un juicio que se extendió por cinco semanas. Con esta acción, la procuraduría estadounidense busca blindar la resolución judicial que también incluyó una multa económica para el exfuncionario mexicano.
Según lo establecido en el proceso legal, la representación jurídica de García Luna, encabezada por el abogado César de Castro, cuenta con un plazo de 21 días hábiles para presentar una respuesta ante los alegatos expuestos por la fiscalía. La defensa había interpuesto su recurso de apelación en diciembre de 2025, sosteniendo que el veredicto se basó predominantemente en testimonios de criminales que no fueron debidamente corroborados durante el proceso.
Existen discrepancias en los reportes sobre los detalles financieros de la condena original. Mientras algunas fuentes indican que la multa impuesta al ex titular de seguridad mexicana es de dos millones de dólares, otras menciones elevan la cifra hasta los cinco millones de dólares. Asimismo, aunque se identifica a los fiscales a cargo del caso, no se ha especificado públicamente el nombre exacto o número de la corte federal donde se tramita esta solicitud ni la fecha precisa de presentación del escrito.
Este movimiento procesal representa un nuevo capítulo en el caso contra García Luna, quien permanece bajo custodia del sistema penitenciario estadounidense. La estrategia del Departamento de Justicia se centra en demostrar que el juicio original cumplió con todas las garantías legales y que las pruebas presentadas fueron suficientes para determinar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable.
Una vez que venza el plazo otorgado a la defensa para contestar, el tribunal correspondiente deberá evaluar los argumentos de ambas partes antes de emitir una decisión sobre si procede revisar la condena o si esta se mantiene firme, lo que definiría el futuro inmediato del exfuncionario en prisión.
