Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Una jueza federal ordenó reabrir por tres meses la investigación complementaria en contra del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de operar una organización criminal dedicada al huachicol fiscal desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). La resolución, emitida en el Centro de Justicia Penal Federal, responde a la negativa reiterada de la Fiscalía General de la República (FGR) de facilitar el acceso completo a la carpeta de investigación, lo que vulneró el derecho a la defensa del imputado, quien permanece recluido en el penal del Altiplano.
El caso penal 325/2025 se originó tras el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas durante marzo de 2025, operación que habría estado vinculada a la presunta red liderada por Farías Laguna. Su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, también implicado en los hechos, se encuentra actualmente prófugo de la justicia.
La magistrada Mariana Vieyra Valdés, titular del juzgado, determinó que la FGR incumplió de forma reiterada un plazo de cinco días previamente establecido para entregar la totalidad de la evidencia a la defensa, representada por el despacho Epigmenio Mendieta. Esta obstrucción procesal obligó al juzgado a conceder una tutela de derechos y a ordenar la reapertura de la investigación complementaria para garantizar un juicio justo.
El exvicealmirante, desde su reclusión, había enviado una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando violaciones procesales en su caso, aunque los detalles específicos de dichas alegaciones no han sido divulgados oficialmente. La organización criminal señalada, conocida como ‘Los Primos’, operaría desde las estructuras de la ANAM, aunque se desconocen más precisiones sobre su funcionamiento y alcance.
El fallo judicial representa un revés para la FGR y subraya los desafíos persistentes en el sistema de justicia penal para garantizar el debido proceso, incluso en casos de alto perfil que involucran a exfuncionarios de seguridad acusados de delitos de corrupción y crimen organizado.
