México vota entre la responsabilidad y la confusión en su primera elección judicial

Una persona vota en las elecciones judiciales este domingo, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- Un conjunto de organizaciones civiles, encabezado por la Fundación Konrad Adenauer México, presentó un informe crítico sobre las elecciones judiciales realizadas en junio de 2025, donde se señalan deficiencias estructurales, vacíos legales y una presunta simulación en el proceso que renovó al poder judicial.

El documento titulado “Elecciones Judiciales 2025: Balance Crítico”, elaborado también por México Evalúa, Juicio Justo, el Centro para la Investigación de Crímenes Atroces, Diálogo Judicial y el Laboratorio Electoral, destaca que la participación ciudadana alcanzó apenas el 13% del censo electoral, lo que equivale a cerca de 13 millones de personas.

Entre los hallazgos más relevantes del estudio de más de 200 páginas, se detalla que la totalidad de los jueces electos para la Suprema Corte de Justicia contaron con el respaldo del Gobierno. Asimismo, el informe indica que el 65% de los magistrados federales y el 42% de los juzgadores federales elegidos también fueron apoyados por la administración pública.

Juan Pablo Campos, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer México y coordinador del estudio, participó en la presentación de los resultados que analizan la primera elección judicial extraordinaria llevada a cabo tras la implementación de la reforma judicial de 2024. Las organizaciones involucradas alertaron sobre posibles interferencias y la improvisación en la organización del comicio.

El reporte pone énfasis en la existencia de mecanismos de orientación del voto, conocidos como “acordeones”, así como en la falta de claridad respecto a las autoridades competentes responsables de la logística electoral. El análisis sugiere que estos factores contribuyeron a un escenario donde la competencia real fue limitada.

La investigación subraya que, a pesar de la magnitud del ejercicio democrático para elegir a más de 800 impartidores de justicia, los vacíos legales permitieron dinámicas que podrían comprometer la independencia del poder judicial. El informe sirve como un balance posterior a los hechos para evaluar el impacto de la reforma en la estructura jurídica del país.

Ante estas revelaciones, las organizaciones firmantes del documento hacen un llamado a revisar los mecanismos de selección y vigilancia para futuros procesos, buscando garantizar que las elecciones judiciales cumplan con los estándares de transparencia y autonomía requeridos en un estado democrático de derecho.

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