Por Luis Martínez Alcántara
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre octubre de 2024 y abril de 2025, jueces federales emitieron 193 resoluciones que beneficiaron a presuntos delincuentes.
Estas decisiones incluyeron cambios de medidas cautelares, traslados a penales de menor seguridad y liberaciones definitivas, resultando en la reincorporación de más de 100 individuos a las calles. García Harfuch calificó estas acciones como “alarmantes” y contrarias al objetivo de salvaguardar la seguridad pública.
El funcionario detalló que 164 egresos se debieron a cambios en medidas cautelares y dos a liberaciones definitivas. Además, se registraron 27 traslados a centros penitenciarios sin cumplir con las formalidades legales.
Entre los jueces señalados se encuentran Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro Borbón, ambos de Sonora, con 58 y 15 resoluciones respectivamente. También se mencionó a Silvestre Peña Crespo, responsable de cinco traslados de internos vinculados a delitos de alto impacto.
García Harfuch expuso casos específicos, como el del juez Gregorio Salazar Hernández, quien ordenó el traslado de Gerardo Ponce Alanís, presunto líder del Cártel del Pacífico, a un penal de mínima seguridad. En dicho centro, posteriormente, se encontraron armas, drogas y dinero en efectivo. Otros casos incluyen la liberación de Mario Alberto “N”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, y de Juan Enrique “N”, alias “La Pingua”, operador del Cártel del Golfo.
El secretario también mencionó la liberación de José Alonso “N”, colaborador de “El 200”, jefe de seguridad de “Los Chapitos”, a pesar de estar acusado de lavado de dinero y homicidio. Asimismo, se refirió a la absolución de Francisco Javier “N”, alias “M-60”, y de Nicolás Armando “N”, ambos vinculados a La Familia Michoacana y al Cártel del Golfo respectivamente. Estas acciones judiciales han generado preocupación por su impacto en la seguridad nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó las declaraciones de García Harfuch, señalando que estas decisiones judiciales socavan la confianza en el sistema de justicia. Anunció que, tras las elecciones del 1 de junio, se procederá legalmente contra los jueces involucrados.
