Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno de México presentó la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual asciende a un total histórico de 394,645 casos acumulados entre 1952 y marzo de 2026. De esta cifra global, las autoridades reportaron que 262,111 personas han sido localizadas, lo que representa el 66 por ciento del universo registrado, mientras que 132,534 mantienen estatus de desaparecidas.
Durante la exposición de los datos duros, se detalló que de las 262,111 personas ubicadas, 240,211 fueron encontradas con vida (92 por ciento) y 21,900 sin vida (8 por ciento). En el lapso comprendido entre octubre de 2024 y marzo de 2026, se logró la localización de 31,946 individuos. La información fue dada a conocer en un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y otros funcionarios federales como Marcela Figueroa, Félix Arturo Medina y Kenia López Rabadán.
El análisis gubernamental puso énfasis en los casos registrados a partir de 2006, año desde el cual se contabilizan 130,178 desapariciones. Este subconjunto se dividió en tres grupos para su atención: 46,742 casos (36 por ciento) que carecen de datos suficientes; 40,308 (31 por ciento) donde se ha identificado actividad posterior al reporte de desaparición; y 43,128 (33 por ciento) que cuentan con datos completos pero sin actividad reciente. Hasta el momento, se ha logrado ubicar a 5,269 personas pertenecientes al segundo grupo.
Respecto a la procuración de justicia en estos expedientes, se informó que del grupo de casos con datos completos y sin actividad reciente, únicamente 3,869 cuentan con una carpeta de investigación formal abierta. Por otro lado, el registro histórico previo a 2006, abarcando de 1952 a 2005, suma 2,356 casos, de los cuales la mayoría corresponde a periodos anteriores a la implementación de los sistemas actuales de búsqueda.
Esta actualización se realiza en el marco de la reforma legal de 2025 a la Ley General en materia de desaparición de personas. Las nuevas disposiciones establecen la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte y exigen la inclusión de datos mínimos en los registros para facilitar la búsqueda. La presentación de estas cifras ocurre en un contexto donde colectivos de familiares y sectores de la oposición política han solicitado mayor transparencia sobre los métodos de depuración y revisión utilizados para clasificar los estatus en el Registro Nacional.
