Matamoros, 02 de abril de 2026.- A mil días de la explosión por fuga de gas que dejó graves secuelas a Thalía, su familia exige justicia y reparación del daño a la empresa ENGIE, ya que denuncian que no existe reparación del daño ni sanciones contra la empresa.
La explosión ocurrió la mañana del 29 de junio de 2023, cuando Thalía entró a un departamento que apenas iba a habitar. El siniestro fue por acumulación de gas natural debido a una fuga en la calle que migró hacia el drenaje y subió hasta el baño.
Thalía sobrevivió con quemaduras en el 70% de su cuerpo, sufrió amputaciones en todos sus dedos y tiene secuelas irreparables en su salud. Hasta la fecha, ha pasado por más de 20 cirugías y la familia tiene deudas de casi 2 millones de dólares.
Peritajes señalan a la empresa ENGIE como responsable del siniestro. En diciembre de 2024, un peritaje descubrió las tuberías de gas a una distancia indebida del drenaje y concluyó que la explosión fue causada por el gas natural del ducto.
Desde el día del siniestro, personal de investigación en compañía de la Fiscalía Estatal de Tamaulipas y ante la presencia de técnicos de ENGIE inspeccionó el inmueble. Se tomaron mediciones con aparatos especializados que detectaron gas natural en el registro del drenaje con un nivel de explosividad altamente peligroso.
Directivos de ENGIE en Matamoros fueron notificados desde el primer momento y se les solicitó revisar la fuga para evitar más riesgos y asistir a las víctimas. La familia denuncia que la empresa de origen francés optó por no acatar dicha solicitud y prefirió negar lo ocurrido.
En estos mil días, abogados de ENGIE sostuvieron tres reuniones con la víctima, sus familiares y representantes legales. Una fue para dar formalidad, otra solicitada por ENGIE para amenazar a la familia y exigirles no hablar del caso en medios, y otra para ejercer “gaslighting corporativo” negando los argumentos.
Existe una carpeta de investigación abierta ante la Fiscalía del Estado de Tamaulipas con avances significativos, pero con retrasos burocráticos que han permitido que directivos de la empresa acusada abandonen el país. La ASEA tiene denuncias con dictámenes en contra de la empresa, pero no ha aplicado multas por irregularidades en los últimos cinco años.
