Ciudad Juárez, 28 de marzo de 2026.- Organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron una vigilia en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicada en el puente internacional Santa Fe de esta ciudad, para exigir verdad y reparación integral del daño a tres años del incendio que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados. Durante el acto, los colectivos acusaron que aún no se ha logrado justicia efectiva para las 82 víctimas totales del siniestro.
En un conversatorio llevado a cabo en la Ciudad de México, representantes de Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) señalaron que existen deficiencias graves en la reparación del daño. Lorena Cano, del Imumi, expuso que no todos los afectados han recibido compensación económica, destacando el caso de 15 mujeres que no han sido reconocidas legalmente como víctimas bajo el argumento de que no sufrieron lesiones físicas.
Las organizaciones denunciaron que el Estado se niega a otorgar dicho reconocimiento a las mujeres sobrevivientes, lo cual les impide acceder a una reparación integral. Asimismo, criticaron que los responsables de mayor jerarquía se benefician de procesos penales que les favorecen mediante una justicia desigual, citando específicamente al ex comisionado del INM, Francisco Garduño, quien continúa acusado por ejercicio ilícito del servicio público mientras es condecorado con otro cargo público.
Respecto al estatus judicial del caso, se informó que a la fecha únicamente hay cuatro personas en prisión, mientras que siete individuos siguen su proceso en libertad. Entre los involucrados en los procesos penales sin sentencias firmes se encuentran funcionarios del INM, personal de seguridad privada y otras personas vinculadas al evento trágico que afectó principalmente a migrantes venezolanos.
La movilización incluyó también un viacrucis en el puente internacional Santa Fe, donde se recordó a los 40 fallecidos y a los 27 sobrevivientes (27 hombres y 15 mujeres). Las agrupaciones civiles enfatizaron que el incendio en la estación migratoria no es un caso cerrado y demandaron al gobierno federal cumplir con las obligaciones pendientes hacia las familias de las víctimas y los lesionados.
