Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO.- El reciente rechazo del 72.6% de los aspirantes a jueces por parte del Poder Judicial desató una ola de controversia en todo el país. Este alto porcentaje de aspirantes que no cumplieron con los requisitos mínimos legales ha sido interpretado por muchos como un indicativo de un proceso de selección que podría estar influenciado por intereses políticos.
Las acusaciones apuntan a que el partido Morena, actualmente en el poder, favorece a candidatos alineados con su agenda política y la llamada Cuarta Transformación, lo que ha generado un debate sobre la independencia del sistema judicial.
Las filtraciones a la prensa revelan conversaciones entre miembros afines a Morena, donde se sugiere que, aunque los aspirantes debían realizar todos los trámites correspondientes, había un entendimiento de que ciertos candidatos serían favorecidos en el proceso de selección.
Estas revelaciones alimentan las sospechas sobre la transparencia y la equidad del sistema, ya que se cuestiona si las evaluaciones se están llevando a cabo de manera justa o si están siendo manipuladas para beneficiar a aquellos con conexiones políticas.
Además, la reforma judicial impulsada por Morena es objeto de críticas por su potencial para erosionar la independencia judicial. Las modificaciones permiten al Congreso y al Ejecutivo vetar las listas elaboradas por los Comités de Evaluación, lo que podría llevar a un control político sobre quiénes ocupan los puestos judiciales. Esta situación ha sido denunciada por la oposición, que argumenta que tales cambios contravienen la Constitución y ponen en riesgo la imparcialidad del Poder Judicial.
El impacto de estas acciones se siente en toda la estructura del sistema judicial mexicano, donde la confianza pública es fundamental para su funcionamiento. La percepción de un sistema judicial comprometido con intereses políticos puede socavar la legitimidad de las decisiones judiciales y generar desconfianza entre los ciudadanos. La situación actual plantea serias preguntas sobre cómo se están seleccionando a los jueces y si realmente están siendo evaluados sobre la base de su competencia profesional.
