Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó la tarde de este lunes 20 de julio de 2026 al penal de máxima seguridad del Altiplano, junto con otros cuatro imputados, tras ser detenido el jueves 16 de julio en Ensenada por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, materia de hidrocarburos y contrabando.
La orden de aprehensión fue librada el 13 de julio de 2026 por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien cambió el criterio de su predecesor, el juez Mario Elizondo Martínez, que había negado la solicitud el 22 de junio anterior. La magistrada señaló que Ruffo Appel actuó como “dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”, coordinando un esquema ilícito para la introducción ilegal de hidrocarburos.
La audiencia inicial, realizada por videoconferencia desde el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, comenzó la noche del 17 de julio y se extendió por más de 30 horas, aunque algunos reportes indican que duró 40 horas. Durante el proceso, la jueza dictó prisión preventiva contra Ruffo Appel y sus coacusados. Otros imputados, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá el próximo martes 21 de julio de 2026. La fiscal Ernestina Godoy afirmó que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”, la cual, según datos oficiales, causó una afectación al erario de más de 4,000 millones de pesos, cifra que otras fuentes elevan a 4,456 millones de pesos. La investigación tuvo origen en el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, e involucra a 70 personas físicas, incluyendo representantes aduanales y servidores públicos.
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier motivación política en la detención, asegurando que es producto de una investigación de un año y aclarando que no tiene relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que aún faltan más aprehensiones por cumplimentar.
Familiares y actores políticos han cuestionado el proceso. Verónica Ruffo, hija del exmandatario, denunció un “trato indigno y humillante” por parte de la FGR y exigió “un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”. Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, criticó que la audiencia inicial se desarrollara “a puerta cerrada, sin prensa, sin público, sin familiares”, demandando transparencia conforme al artículo 20 constitucional. El PAN exigió respeto al debido proceso, mientras que la Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada consideró que el caso podría ser una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo”.
