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Por Redacción

Paraíso, 23 de marzo de 2026.- Una serie de incidentes relacionados con hidrocarburos ha desencadenado una crisis ambiental en el litoral del Golfo de México, afectando inicialmente más de 200 kilómetros de costa entre los estados de Veracruz y Tabasco. El fenómeno, reportado desde principios de marzo, ha movilizado a dependencias como la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mientras pescadores y pobladores de más de 40 localidades realizan labores de limpieza ante la lentitud de la respuesta oficial.

La situación se complejizó con la ocurrencia de al menos tres eventos distintos en menos de un mes: una descarga masiva en las costas a inicios de marzo, un incendio fatal en la refinería Olmeca el 17 de marzo que dejó cinco fallecidos, y un nuevo derrame reportado recientemente en las inmediaciones de Dos Bocas. En este último incidente, atendido durante el fin de semana, se logró recolectar 240 kilogramos de residuos impregnados, según registros de las operaciones de contención.

Existen profundas discrepancias respecto a la magnitud real del daño ecológico. Mientras los reportes iniciales y algunas autoridades cifran el litoral afectado entre 200 y 230 kilómetros, organizaciones ambientalistas como Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, Territorios Diversos para la Vida y CartoCrítica sostienen que la mancha de hidrocarburos abarca hasta 600 kilómetros. Asimismo, se ha confirmado la muerte de varias tortugas, manatíes y peces, aunque no se han divulgado cifras exactas de la fauna impactada.

La identificación del responsable ha generado contradicciones en el discurso público. Petróleos Mexicanos (Pemex) ha afirmado no ser el causante del derrame en el litoral y mantiene una búsqueda del origen, a pesar de que afectados y medios vinculan los incidentes con sus instalaciones, específicamente la refinería Olmeca y la zona de Dos Bocas. Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, negó inicialmente la existencia del derrame para luego atribuirlo a causas naturales denominadas “chapopoteras”, una versión que contrasta con la activación de operativos federales y los testimonios de las comunidades costeras.

En cuanto a la terminología y evaluación del evento, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, se ha referido al suceso como una “descarga”, diferenciándose del término “derrame” utilizado comúnmente en los reportes. Hasta el momento, no se han presentado resultados completos de la evaluación de impacto ambiental prometida por las autoridades, ni se ha identificado el “móvil privado” que algunas fuentes señalan como posible origen de la descarga. La crisis ocurre en un contexto de cambios en la dirección de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), cuya actuación ha sido cuestionada por organizaciones civiles.

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