Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia que determina la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Ernestina Ascencio en 2007, hecho que ha sido reconocido oficialmente mediante un comunicado de la Secretaría de Gobernación (Segob). El fallo establece que el Estado es responsable de la vulneración del derecho a la vida, a la salud y a la integridad personal de la mujer indígena náhuatl, así como de la falta de acceso a la justicia para sus familiares.
La sentencia, emitida tras años de litigio, concluye que los hechos ocurridos en la sierra de Zongolica, Veracruz, constituyeron actos de tortura y violación sexual perpetrados por elementos del Ejército mexicano. La Corte IDH destacó que las autoridades nacionales cerraron el expediente prematuramente sin agotar las líneas de investigación necesarias, lo que derivó en la impunidad de los responsables materiales e intelectuales de la agresión.
Como parte de las medidas de reparación integral ordenadas por el tribunal internacional, el Estado mexicano deberá realizar una investigación penal en un plazo razonable para identificar y sancionar a los culpables. Asimismo, se ha dispuesto la obligación de brindar atención médica y psicológica gratuita a los hijos de la víctima, otorgar becas educativas y llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
El caso de Ernestina Ascencio, quien falleció a los 73 años de edad tras ser encontrada gravemente herida cerca de un campamento militar el 25 de febrero de 2007, expone la falta de perspectiva de género e interseccionalidad en el tratamiento de las denuncias presentadas por comunidades indígenas. La Corte IDH subrayó que la negligencia en la prestación de servicios de salud y la ausencia de traductores en los procesos judiciales agravaron la violación de sus garantías fundamentales.
La aceptación de la condena por parte del gobierno federal marca un precedente en la obligación de cumplir con las disposiciones de organismos internacionales de derechos humanos. La Secretaría de Gobernación, como entidad emisora del comunicado oficial, confirmó que se trabajarán en las acciones específicas para dar cumplimiento a lo establecido en la resolución judicial, incluyendo la creación de registros nacionales que faciliten el acceso a la justicia para poblaciones vulnerables.
Esta decisión judicial pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres indígenas en México y garantiza que el Estado no vuelva a incurre en omisiones que resulten en violaciones sistemáticas de derechos humanos. El cumplimiento de las medidas de no repetición será monitoreado por la Corte IDH para asegurar que la justicia sea efectiva para la familia de Ascencio y para la sociedad en general.
