Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Hugo Eric Flores, sesionará después del receso de Semana Santa para analizar la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche de presunto peculado y ejercicio indebido del servicio público por 83 millones de pesos.
El proceso legislativo busca retirar la inmunidad parlamentaria al senador priista para que pueda enfrentar un juicio penal. Según declaró el presidente de la comisión, la reunión se programará al término del periodo de sesiones ordinarias con el objetivo de no entorpecer la discusión de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’. Hasta el momento, no se ha especificado la fecha exacta en que la Fiscalía de Campeche presentó formalmente la solicitud ni los nombres concretos de los expedientes enviados.
Esta acusación jurídica se suma a un historial de observaciones administrativas detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la gestión de Moreno como gobernador de Campeche, cargo que ocupó entre septiembre de 2015 y junio de 2019. Reportes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indican que en 2018 se identificaron posibles desvíos por 3 mil 435 millones de pesos.
La situación de las cuentas públicas de Moreno ha sido objeto de controversia. Aunque en enero de 2022 aún estaban pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos, lo que representaba el 98 por ciento de las observaciones de 2018, análisis posteriores señalan que más de 2 mil 700 millones de pesos fueron perdonados o solventados en años recientes. Organizaciones civiles y reportes periodísticos han cuestionado la gestión de David Colmenares al frente de la ASF, describiéndola como benévola hacia el priista al permitir el perdón de cuentas pendientes.
Entre los involucrados en el escrutinio público del caso figuran Ricardo Gabriel López Ruiz y Pablo Angulo Briseño, además de las instituciones acusadoras. A diferencia del proceso de desafuero actual, que se centra en los 83 millones de pesos señalados por la Fiscalía local, las irregularidades de la ASF corresponden a un proceso administrativo-contable de mayor magnitud pero con naturalezas distintas.
La investigación no registra una respuesta o posición oficial de Alejandro Moreno Cárdenas frente a las nuevas acusaciones de la Fiscalía ni sobre los hallazgos de la ASF. El siguiente paso en el procedimiento dependerá de la votación de la Comisión Instructora, cuya decisión determinará si el caso avanza hacia el pleno de la Cámara de Diputados para la destitución de su fuero constitucional.
