Ecatepec, 27 de marzo de 2026.- Entre el 13 y el 20 de marzo, autoridades del Estado de México ejecutaron una serie de operativos de inspección que resultaron en la clausura o aseguramiento de 53 centros de rehabilitación para personas con adicciones, conocidos como “anexos”, donde se localizó a 1,599 individuos. La acción forma parte de la Estrategia Integral para la Regularización de Centros de Rehabilitación instruida por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien desplegó un despliegue interinstitucional que incluyó a la Fiscalía General de Justicia, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como autoridades sanitarias y de protección civil.
De los 94 inmuebles inspeccionados durante la semana de acciones, 29 se ubicaban en el municipio de Ecatepec y 24 en Naucalpan. Las revisiones revelaron condiciones de hacinamiento, insalubridad, presencia de alimentos en mal estado y carencia de personal capacitado. Como resultado de las irregularidades detectadas, ocho trabajadores fueron detenidos, mientras que una persona interna fue externada de manera voluntaria tras cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que los centros clausurados presentaban posibles vínculos con delitos graves como privación ilegal de la libertad y violencia física y psicológica. Además, las investigaciones preliminares señalan que algunos de estos establecimientos funcionaban como refugios para grupos delictivos o puntos de venta de drogas, llegando a obligar a los internos a participar en estas actividades ilícitas.
Tras el aseguramiento de los inmuebles, se logró la reintegración de 1,518 personas a sus familias. Por otro lado, 80 individuos fueron trasladados a centros certificados para continuar con procesos de tratamiento adecuados bajo supervisión profesional. La coordinación de estos esfuerzos se realizó a través de la Mesa de Paz, involucrando la participación de los tres niveles de gobierno para garantizar el respeto a los derechos humanos de los afectados.
Estos operativos se enmarcan en la Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones impulsada por la administración estatal. La intervención busca erradicar el funcionamiento de sitios que operan al margen de la ley y que ponen en riesgo la integridad de las personas que buscan atención, priorizando la regularización del sector y la persecución penal de quienes lucran con la salud pública bajo esquemas de explotación.
