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Por Redacción

Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- El Juzgado Sexto en Materia Administrativa emitió una resolución que autoriza al Gobierno de la Ciudad de México y a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama para proceder con la adopción de 936 perros y gatos rescatados del Refugio Franciscano. La decisión judicial pone fin a un bloqueo legal que mantenía a los animales en espera, estableciendo que obstaculizar este proceso implicaría negarles la oportunidad de encontrar familias que garanticen sus necesidades básicas y bienestar.

En su sentencia, el órgano jurisdiccional federal subrayó que “impedir a las autoridades que den en adopción a los citados caninos, implicaría interponerse a que éstos encuentren familias que les puedan proporcionar la satisfacción de sus necesidades básicas, así como mejores condiciones de cariño y cuidado que permitan su bienestar y desarrollo”. Este criterio jurídico prioriza el interés superior de los seres sintientes sobre cualquier disputa administrativa o patrimonial derivada del desalojo del refugio ocurrido el pasado 7 de enero.

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, administradora del predio ubicado en Cuajimalpa donde operó el refugio durante 48 años, recibió el fallo como una validación de sus actuaciones. En un comunicado, la institución señaló que la resolución confirma la legalidad de las medidas tomadas en materia de bienestar animal tras el rescate de los ejemplares, quienes fueron retirados del lugar por presuntas condiciones de abandono, omisión de cuidados y maltrato.

Fernando García Juárez, representante legal de la fundación, declaró que con esta determinación queda superado cualquier intento dilatorio por parte de asociaciones vinculadas al antiguo manejo del refugio. “No existe pretexto alguno para impedir que los animales accedan a una segunda oportunidad de vida digna mediante adopciones responsables”, afirmó el abogado, quien destacó que la vía jurídica para frenar el proceso ha sido agotada.

El conflicto se originó tras la restitución del inmueble a sus propietarios legítimos y el subsequente operativo de rescate de los 936 animales, cifra que incluye perros y gatos. Aunque persisten interrogantes sobre el estado actual de la investigación por presunto maltrato y los detalles específicos del proceso de adopción, la orden judicial abre la puerta inmediata para que las autoridades capitalinas inicien los trámites de entrega en adopción.

Con esta resolución, se busca evitar que los animales permanezcan más tiempo en condiciones de resguardo sin un hogar definitivo, atendiendo al mandato judicial de procurar su desarrollo integral. La decisión marca un precedente en la gestión de crisis de bienestar animal en la capital, donde la justicia federal intervino para destrabar una situación que mantenía en incertidumbre el futuro de cientos de mascotas.

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