Por Abel López Jiménez
El arresto y posterior liberación del ex delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tijuana, Baja California, junto con una agente, acusados de corrupción y trata de personas, evidenció el nivel de colusión de las autoridades con grupos criminales que secuestran, extorsionan y trafican con migrantes, afirmó la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge.
“La peor forma de delincuencia que puede existir en cualquier país es precisamente la que está operada por las autoridades y protegida, y obviamente protegida, por las mismas autoridades”, sostuvo la legisladora panista por Baja California.
Agregó desde la tribuna senatorial: “No sé si con la venia o al menos con la ignorancia precisamente de quien hoy dirige el Instituto Nacional de Migración (Francisco Garduño Yañez), quien debe rendir cuentas sobre su gestión y dar un informe pormenorizado al Senado de la República y, sobre todo, para que haga frente a la corrupción que hoy caracteriza a ese Instituto”.
Cabe mencionar que el gobierno de Baja California reveló que tanto Marte Antonio Camacho, ahora ex delegado del INM, y la agente María Elizabeth Paredes, están bajo investigación por delitos relacionados con corrupción y trata de personas, pero tras su arresto el 29 de febrero, los dejaron libres.
En el operativo realizado en el domicilio de los indiciados por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a BC, les encontraron unos 2 millones de pesos, una libreta con relación de cobro que hacían a los migrantes que llegan a Tijuana y 15 cartuchos útiles de una arma calibre 9 milímetros.
“Lo más grave de todo esto es que este hecho se había registrado más de 20 días antes de que fuera dado a conocer apenas hace unos días por parte de la autoridad competente, cuando ya los habían dejado libres”, lamentó Cruz Blackledge.
Subrayó que, además de estos hechos que ya son del dominio público, se debe de llevar a cabo una investigación exhaustiva para aclarar los vínculos existentes entre autoridades y grupos criminales, así como las redes de protección que se están dando precisamente en este Instituto.
“Una vez más exigimos un alto a la impunidad que se da por parte de las autoridades migratorias que sólo provocan tragedias y que lucran con los sueños y aspiraciones de las personas en tránsito”, exclamó la legisladora panista.
Apuntó que no se debe olvidar que hace un año se registró el lamentable deceso de 40 migrantes en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua y no ha pasado nada, tanto que el titular del INM (Garduño Yañez) sigue tan campante sin dar respuesta y afrontar su responsabilidad.
“Exigimos justicia, tal como la acabamos de exigir en este Senado de la República para nuestros connacionales en Texas (Por amenaza de implementar la ley racista contra migrantes conocida como SB4), y también debemos exigir un trato digno para quienes cruzan por nuestro país.
“El buen juez por su casa inicia. No podemos exigir a la autoridad de Texas que sea benévolo con nuestros migrantes cuando aquí en México lo único que estamos haciendo es extorsionar y, lamentablemente, lastimar a los migrantes que llegan a México”, enfatizó la senadora Gina Cruz Blackledge.
En coincidencia con el asunto, ayer la organización Border Line Crisis Center, con sede en Tijuana, exigió una investigación afondo tras el arresto y posterior liberación del citado ex delegado del INM y una agente, acusados de corrupción y trata de personas.
Judith Cabrera de la Rocha, codirectora de esa asociación civil, denunció en entrevista que el actual delegado del INM en Baja California, David Pérez Tejado, ha minimizado las acusaciones contra los acusados María Elizabeth Paredes y Marte Antonio Camacho.
“Es una obligación que tiene, desde los mecanismos internos del INM, llevar a cabo esa investigación. Si bien este no es un crimen que él (Pérez Tejado) haya cometido, sí es su responsabilidad como titular del Instituto en la entidad encontrar a las personas involucradas y que haya sanciones”, manifestó.
