Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó la reforma judicial el pasado 15 de septiembre, a pesar de que un juez en Colima había otorgado una suspensión provisional para evitar su publicación antes del 11 de octubre. Esta decisión generó rechazo por parte de la Barra Mexicana de Abogados (BMA) y expertos, quienes consideran que la promulgación se realizó en desacato a la suspensión de un amparo, lo que afecta gravemente al Poder Judicial de México.
A través de su cuenta en X, la BMA denunció que “con todo y suspensión, el Ejecutivo publicó la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Poder Judicial, un domingo en la noche”. La suspensión, otorgada el 5 de septiembre, pretendía detener la publicación hasta que se celebrara la audiencia incidental el 11 de octubre, pero fue ignorada por el Ejecutivo.
La Barra Mexicana de Abogados, en colaboración con la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, publicó un comunicado advirtiendo que la reforma pone en riesgo la independencia del Poder Judicial. Según ambos organismos, los cambios afectan más de 18 artículos estructurales de la Constitución y podrían politizar la justicia al establecer el voto popular para la designación de casi 7 mil jueces, lo que viola las obligaciones de México bajo el derecho internacional.
Raúl Andrade Osorio, abogado constitucionalista y representante de la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., calificó al presidente de tirano y aseguró que esta reforma afectará principalmente a los sectores más vulnerables del país. La Fundación había promovido el amparo que inicialmente consiguió la suspensión provisional en Colima, en un intento por detener la reforma.
Francisco Burgoa, profesor de derecho en la UNAM, subrayó que la promulgación de la reforma el mismo día de la conmemoración de la independencia de México resulta irónica, pues la independencia judicial no tiene nada que celebrar. Además, advirtió que la violación de la suspensión del amparo es una grave afrenta al Estado de derecho en el país.
