Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México removió a tres funcionarios de sus cargos por presuntas omisiones y conductas de corrupción en la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó las separaciones y aseguró que “no podemos permitir que haya funcionarios que actúen de esta manera”, mientras que la fiscal Bertha Alcalde Luján admitió un retraso “injustificable” en la respuesta institucional.
La joven fue reportada como desaparecida el 15 de abril por sus familiares, después de perder contacto cuando se dirigía a una entrevista de trabajo. La familia acudió al Ministerio Público aportando la última ubicación compartida por la víctima en tiempo real, la cual señalaba el edificio ubicado en Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, en la alcaldía Benito Juárez. Sin embargo, la fiscal Alcalde Luján reconoció que hubo una “dilación de 15 horas desde que se contaba con ese dato específico, lo que no se justifica de ninguna manera y será sancionado”.
Según informó la titular de la Fiscalía, los tres funcionarios removidos son: un ministerio público que no proporcionó información sobre el domicilio; un policía de investigación señalado por presuntamente solicitar dinero para acelerar la búsqueda; y un segundo policía del turno siguiente que no realizó la visita a la dirección indicada. Bertha Alcalde Luján calificó como “indignante” que la familia haya señalado con precisión el lugar desde el primer momento y no se haya actuado con la inmediatez requerida, advirtiendo que solicitar dinero a las víctimas es una conducta inaceptable que será investigada.
Las autoridades llegaron finalmente al edificio hasta las 20:30 horas del 16 de abril, pero no pudieron ingresar de inmediato debido a que la administradora del complejo negó el acceso. El cuerpo de Edith Guadalupe fue localizado por las autoridades en la madrugada del 17 de abril dentro de un departamento. Respecto a la causa de muerte, existen discrepancias en los informes preliminares: mientras que la fiscalía indicó que la víctima presentaba heridas en el tórax provocadas por un desarmador encontrado en la caseta de vigilancia, otras valoraciones médicas iniciales sugieren que golpes muy fuertes podrían ser la causa del deceso, hipótesis que deberá confirmar la necropsia.
Además de los elementos de la Fiscalía, se indaga la posible obstrucción de la justicia por parte de la administradora y el vigilante del inmueble, quienes ya se encuentran declarando sobre el feminicidio tras haber negado inicialmente que la joven hubiera ingresado al lugar y resistirse a entregar grabaciones de cámaras de seguridad. También se investiga si hubo obstaculización al pedir a la familia esperar 72 horas para abrir la carpeta de investigación, un procedimiento contrario a la ley.
Clara Brugada declaró que “de ninguna manera va a quedar este caso impune”, informando que ya hay un detenido y que se están investigando todos los puntos. La fiscal Alcalde Luján reiteró que se sancionará cualquier tipo de retraso en los actos de investigación, dado que el Ministerio Público contaba con información relevante sobre la ubicación de la víctima en el edificio de Revolución 829 desde el inicio del reporte.
