Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- El diputado Arturo Ávila presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por presunto uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada. Ávila señaló que esta conducta vulnera el artículo 134 constitucional y afirmó que los hechos constituyen una violación clara al tratarse de propaganda con fines de promoción personal en obras y programas públicos.
Durante la presentación de la denuncia, el legislador exhibió imágenes de propaganda en la alcaldía que, aseguró, acreditan la promoción personalizada. Ávila acusó a la funcionaria de usar su cargo para posicionar su imagen con fines político-electorales y pidió frenar lo que consideró una precampaña anticipada. “Lo que estamos viendo es a una funcionaria pública más preocupada por su promoción personal que por resolver las demandas básicas de la ciudadanía”, declaró Ávila.
El diputado exigió al INE actuar con firmeza, ordenar el retiro del material y garantizar que no se utilicen recursos públicos para fines electorales anticipados de manera inmediata. La queja busca que el órgano electoral intervenga ante lo que fue calificado como un uso indebido de la posición pública.
Por otro lado, Luisa Alcalde, consejera jurídica de la presidencia, detalló la función de la futura Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE, destinada a ayudar a los partidos a detectar si sus aspirantes tienen vínculos delictivos antes de definir sus postulaciones. Alcalde explicó que este órgano no investigará directamente a los aspirantes, sino que operará como vínculo entre instituciones.
Según la explicación proporcionada, el proceso es voluntario: cada partido político decidirá si somete a su aspirante a investigación. De ser así, la comisión del INE recibe la solicitud y pide la indagación a instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Centro Nacional de Inteligencia.
Estas instituciones entregarán un reporte indicando si el posible candidato tiene un “riesgo razonable” o no de vínculos con la delincuencia, información que el INE transmitirá a los partidos políticos. A partir de lo dictaminado, serán las agrupaciones políticas quienes decidan si postulan o no a dicha persona.
Luisa Alcalde aclaró que el INE no emitirá juicios propios ni tendrá facultades para impedir candidaturas, limitando su actuación a ser receptor y facilitador de la información recabada por las autoridades competentes.
