▲ Tras la aprobación de la reforma judicial, en 2024, se presentaron más de mil recursos para detener la elección popular de ministros y la entrega de fideicomisos de la Corte.
Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y afirmó que, ante los recientes intentos de desmantelar el sistema de justicia profesional, continuará con su defensa de la autonomía del Poder Judicial. La organización señaló que la concentración del poder representa el riesgo principal para los derechos humanos.
En un comunicado, la Jufed aseveró que “cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección de derechos humanos”. Los integrantes de la asociación, tanto en activo como en retiro, destacaron que no responden a intereses facciosos y que su juramento de defender la Constitución es un compromiso ético con la división de poderes. “Defender la independencia judicial es defender la libertad de cada ciudadano frente a la concentración autoritaria del poder”, indicaron.
La agrupación subrayó que el Juicio de Amparo constituye el “último baluarte que tiene el ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal”, advirtiendo que debilitar estas instituciones no democratiza la justicia, sino que deja a la sociedad en estado de indefensión. Exigieron que se atiendan las condiciones de quienes imparten justicia y se cuente con perfiles experimentados sin contaminación partidista, calificando de mera retórica cualquier modificación que no integre estas consideraciones.
Por otro lado, durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en San Lázaro, quedó rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integraran por personas con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. Además, propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renovaran paulatinamente, sugiriendo que la Presidencia de estos órganos fuera votada por sus pares cada dos años.
Sánchez Cordero también consideró esencial garantizar el respeto total a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial y propuso modificar los artículos 95 y 97 para que, para ser ministro de la Corte, se requiera únicamente la ciudadanía mexicana y no la nacionalidad por nacimiento. Sobre la renovación de personal, comentó: “No se pueden renunciar todos y no pueden quedarse y deben quedarse paulatinamente su renovación”.
En el contexto de la reforma judicial aprobada en 2024 y declarada vigente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de ese año, se registró que jueces, magistrados y trabajadores administrativos tramitaron más de mil recursos contra la enmienda. Previo a esto, en los últimos dos sexenios, magistrados y ministros desecharon cientos de amparos promovidos por grupos para frenar obras de infraestructura o enmiendas constitucionales, incluyendo casos relacionados con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
Respecto al proceso electoral futuro, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios para la elección de juzgadores en 2027, pronunciándose consejeras electorales por el uso de la urna electrónica. Sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no hay garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva. “Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó.
