Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó formalmente la iniciativa de la Ley General contra el Feminicidio, una propuesta legislativa que tiene como objetivo erradicar este delito en México y establecer un marco jurídico uniforme en todo el territorio nacional. Durante el anuncio, la mandataria enfatizó que la meta es que ninguna mujer muera por el hecho de ser mujer y evitar que estos crímenes sean catalogados incorrectamente como suicidios.
La iniciativa, enviada al Senado de la República, propone homologar el tipo penal de feminicidio para todas las entidades federativas. Según los detalles de la propuesta, se establece la obligación para las fiscalías de investigar cualquier muerte violenta de mujer bajo la hipótesis inicial de feminicidio. El texto incluye nueve razones de género para configurar el delito y contempla una pena de prisión de 40 a 70 años, además de definir 21 agravantes para quienes cometan estos actos.
En el contexto de la presentación, se dieron a conocer cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las cuales indican que se han registrado 54 feminicidios en lo que va de 2026. Ante estas estadísticas, Ernestina Godoy, fiscal general de la República, declaró que este delito, que afecta a miles de mujeres, debe llamar a la sociedad y a las autoridades a erradicar la violencia feminicida.
Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, confirmó el respaldo político de su bancada a la iniciativa. Monreal calificó la ley como un gran reclamo social y una demanda ciudadana, adelantando que se prevé modificar el Artículo 19 constitucional para elevar el feminicidio a la categoría de delito grave, lo cual implicaría restricciones adicionales para los imputados.
Con esta acción, el gobierno federal busca dar respuesta a la exigencia de justicia y seguridad para las mujeres en México, estableciendo criterios más estrictos para la persecución y castigo de los responsables de feminicidios, bajo la premisa de cerrar los vacíos legales que han permitido la impunidad en casos anteriores.
