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Lima, 24 de marzo de 2026.- Ángelo Alfaro Lombardi presentó su renuncia al Ministerio de Energía y Minas de Perú, convirtiéndose en el octavo titular de un despacho que abandona la administración del presidente José María Balcázar. La dimisión se produce en medio de una denuncia pública presentada por Jennifer Canani, quien acusa al exfuncionario de haberla violado cuando ella tenía 16 años de edad.

Los hechos denunciados ocurrieron en el año 2000 en la ciudad de Pucallpa, región Ucayali. En aquel momento, Alfaro Lombardi, de 47 años, ocupaba un cargo gerencial en una empresa eléctrica local, mientras que Canani cursaba el quinto año de secundaria. Según el contexto de la acusación, los padres de la joven habrían sido contactados por el ahora exministro, quien prometió reconocer al niño producto de un embarazo si le permitían convivir con la denunciante.

La situación ha generado una confrontación de versiones sin que hasta el momento se reporte una resolución judicial definitiva sobre el caso. Por un lado, Jennifer Canani mantiene su denuncia pública sobre los sucesos de hace más de dos décadas. Por otro, Ángelo Alfaro Lombardi ha negado los hechos, atribuyendo la intención de la denuncia a motivos económicos, según se desprende de las contradicciones señaladas en los reportes oficiales.

Con la salida de Alfaro Lombardi, el gabinete del presidente José María Balcázar registra su octava modificación en la cartera de Energía y Minas. La renuncia fue presentada durante el fin de semana previo a este 24 de marzo, aunque no se han detallado la hora exacta del evento ni la reacción oficial específica del mandatario frente a la dimisión de su ministro.

La investigación actual no confirma la existencia de procesos judiciales abiertos o cerrados relacionados con la denuncia, ni ofrece datos sobre la edad actual de Jennifer Canani o del hijo mencionado en los hechos de 2000. Asimismo, no se ha identificado el nombre específico de la empresa eléctrica donde laboraba Alfaro en la fecha del supuesto delito, manteniéndose la incertidumbre sobre el estatus legal de la acusación mientras el gobierno peruano enfrenta esta nueva crisis ministerial.

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