Por Redacción
Ciudad de Mexico, 17 de marzo de 2026.- El gobierno del presidente chileno José Antonio Kast inició la construcción de una zanja de 30 kilómetros de largo, 3 metros de ancho y 3 de profundidad en la frontera con Perú, en el complejo fronterizo de Chacalluta. La obra, que forma parte del polémico ‘Plan Escudo Fronterizo’ prometido en campaña, tiene un tiempo estimado de ejecución de 90 días y busca, según el mandatario, construir un “Chile soberano” que ha sido “vulnerado por la inmigración ilegal, por el narcotráfico, por el crimen organizado”.
El proyecto marca la materialización de una de las promesas de seguridad más emblemáticas del gobierno de Kast, quien ha expresado públicamente su admiración por las políticas migratorias del expresidente estadounidense Donald Trump y las medidas de seguridad del salvadoreño Nayib Bukele. Además de la zanja, el plan incluye la instalación de muros, vallas de seguridad, cercos electrificados, torres de vigilancia y radares térmicos a lo largo de la frontera norte.
Las obras comenzaron sin que se haya hecho pública una respuesta oficial del gobierno peruano, lo que podría generar fricciones diplomáticas entre ambos países sudamericanos. Tampoco se han difundido detalles sobre el presupuesto asignado a la construcción ni sobre los estudios de impacto ambiental que la obra pudiera requerir, dado su extenso trazado en una zona desértica.
La medida se enmarca en un contexto regional donde la gestión de fronteras y los flujos migratorios se han convertido en temas centrales de la agenda de seguridad. La construcción de barreras físicas de esta envergadura representa un giro significativo en la política fronteriza chilena, tradicionalmente basada en controles administrativos y de vigilancia.
Analistas anticipan que el inicio de estas obras podría escalar las tensiones con Perú, país con el que Chile comparte una extensa frontera terrestre. Se espera que el gobierno peruano emita una postura oficial en las próximas horas, mientras organizaciones de derechos humanos ya han manifestado su preocupación por el impacto humanitario de la medida en migrantes y solicitantes de asilo.
