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Por Redacción

México., 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes desde Palacio Nacional el envío de una nueva iniciativa de reforma electoral, denominada ‘Plan B’, que se centrará en reducir el presupuesto de los congresos locales y el número de regidores en los municipios, con el objetivo de reorientar esos recursos hacia obra pública. La propuesta, que será remitida al Congreso de la Unión el martes 17 de marzo, surge después de que una iniciativa más ambiciosa, el ‘Plan A’, fuera rechazada el pasado 11 de marzo incluso por los aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Sheinbaum explicó que los recursos que se ahorren con estas medidas serán etiquetados específicamente para obras en estados y municipios, aunque no detalló el mecanismo legal para garantizar dicho destino. La mandataria señaló que, si bien este nuevo acuerdo con el PT y el Verde no incluye la reducción de financiamiento a los partidos políticos a nivel federal –uno de los puntos más controversiales del plan original–, su gobierno seguirá insistiendo en recortar los privilegios de los institutos políticos.

De acuerdo con análisis periodísticos, el ‘Plan B’ representa una carga de austeridad dirigida principalmente a las entidades federativas y los ayuntamientos, lo que ha sido criticado por algunos sectores como una medida que vulnera el federalismo. Se estima que el ahorro total aproximado podría rondar los 4,000 millones de pesos. Como ejemplo del gasto actual, se citan cifras como el costo por legislador en Baja California, que asciende a 34.8 millones de pesos, frente a los 5.1 millones en un estado como Colima.

El fracaso del ‘Plan A’ se atribuye, según análisis políticos, a la negativa del PT y el PVEM de avalar una reforma que incluía la reducción de la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes, por temor a la conformación de un partido hegemónico y a poner en riesgo su propio registro. El nuevo acuerdo, alcanzado durante el fin de semana previo al anuncio, evita por ahora esos cambios a nivel federal, concentrándose en los ámbitos estatal y municipal.

La iniciativa llega en un contexto de tensiones políticas, donde la oposición ha mostrado resistencia a las propuestas de reforma electoral del gobierno. El proceso de aprobación del ‘Plan B’ en el Congreso, donde Morena y sus aliados necesitarán construir consensos, se perfila como el siguiente capítulo de este debate sobre el uso de los recursos públicos y la estructura del poder político en México.

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