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Por Redacción

Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Tres personas fueron asesinadas y una más resultó herida en una serie de ataques violentos registrados esta semana en los estados de Guanajuato, Oaxaca y Nayarit. Los hechos incluyen el asesinato del esposo de una alcaldesa, un feminicidio y un ataque contra un defensor ambiental, reflejando la persistente inseguridad en diversas regiones del país.

En Jerécuaro, Guanajuato, Eduardo Olvera García, esposo de la alcaldesa del municipio, fue asesinado a balazos la noche del jueves 13 de marzo dentro de un bar. El ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas y hasta el momento las autoridades no han informado sobre detenciones ni motivos del crimen.

En el sur del país, en Juchitán, Oaxaca, la joven emprendedora Araceli Nieto, de 19 años, fue asesinada también a tiros. El crimen, ocurrido el miércoles 11 de marzo, se enmarca en un preocupante repunte de violencia contra mujeres en el estado, donde se han registrado al menos 11 feminicidios en lo que va de 2026.

Mientras tanto, en Bahía de Banderas, Nayarit, el activista ambiental Erik Saracho Aguilar fue atacado a balazos la madrugada del viernes 14 de marzo, alrededor de las 06:30 horas. Saracho, quien se había reunido previamente con desarrolladores inmobiliarios para discutir temas ambientales, sobrevivió al atentado. La Fiscalía de Nayarit ofreció una recompensa de 100,000 pesos por información que lleve a la captura del o los responsables.

Estos incidentes se suman a otras manifestaciones de violencia registradas en el mismo periodo. En Sinaloa, se reportó un ataque con drones, aunque este hecho no guarda relación geográfica directa con los ocurridos en Guanajuato, Oaxaca y Nayarit. Asimismo, en Chiapas, feligreses católicos realizaron un viacrucis para exigir justicia por el asesinato del sacerdote Juan Manuel Zavala Madrigal, un crimen que permanece impune.

Las investigaciones en los tres casos principales se encuentran en etapas preliminares. Las autoridades de cada entidad no han establecido vínculos entre los ataques, ni han proporcionado información sobre los motivos o la identidad de los agresores. La falta de claridad y avances en las pesquisas mantiene en incertidumbre a las comunidades afectadas y evidencia los desafíos persistentes en materia de seguridad pública y procuración de justicia en México.

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